El Gobierno nacional presentó ante la justicia un documento de 56 páginas con el que busca revertir la medida cautelar que suspendió el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. La solicitud se fundamenta en argumentos legales, estudios técnicos, registros sanitarios y mapas aportados por varias entidades del Estado, según reportó Infobae.
El glufosinato de amonio es un herbicida de amplio espectro utilizado en programas de control de cultivos de uso ilícito. Su aplicación en Colombia ha estado rodeada de debates por sus efectos sobre la salud, los ecosistemas y las comunidades rurales, especialmente en zonas de alta biodiversidad como la Amazonía y el piedemonte amazónico, donde se localiza Putumayo.
La suspensión del piloto había sido ordenada por una autoridad judicial como medida cautelar mientras se adelanta el estudio de fondo. Este tipo de decisiones suelen responder a la evaluación de riesgos ambientales y sanitarios, así como al cumplimiento de requisitos de consulta previa y protocolos de operación en los territorios donde se aplican los químicos.
Para respaldar el levantamiento de la medida, el Gobierno incorporó al expediente registros sanitarios del producto, que certifican su autorización para uso agrícola en el país. También adjuntó mapas y estudios técnicos elaborados por entidades oficiales, cuyo propósito es demostrar que la operación se ajusta a los protocolos vigentes y se concentra en áreas específicas.
El proceso judicial que ahora debe resolver la solicitud se enmarca en la tensión entre la política de lucha contra los cultivos ilícitos y los estándares de protección ambiental y de derechos humanos. Putumayo ha sido históricamente uno de los departamentos más afectados por la presencia de cultivos de coca, y allí han confluido distintas estrategias de intervención, desde la aspersión aérea hasta los programas de sustitución voluntaria.
La decisión final sobre el levantamiento de la cautelar no solo definirá la continuidad del piloto en Putumayo, sino que también puede sentar un precedente sobre la manera como se evalúan los riesgos de los herbicidas utilizados en la política de drogas. Organizaciones ambientales y comunidades locales suelen acompanhar de cerca estas decisiones y presentar sus propios argumentos ante la justicia.
Mientras la autoridad competente analiza el documento, el piloto de aspersión continúa suspendido. El Gobierno, por su parte, insiste en que la operación cuenta con los respaldos técnicos y regulatorios necesarios para su ejecución, un punto que será objeto de debate en las próximas instancias del proceso judicial.
Queda pendiente que la justicia se pronuncie sobre la solicitud. De ser aceptada, la aspersión con glufosinato de amonio podría reanudarse en Putumayo bajo las condiciones señaladas por el Gobierno. De ser rechazada, el piloto permanecería detenido y el debate sobre el modelo de intervención en zonas de cultivos ilícitos se mantendría abierto.