El Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de decreto dirigido a reglamentar por primera vez el contrato laboral de los deportistas profesionales en Colombia, según reportó Valora Analitik. Con esta iniciativa, la cartera busca definir las reglas que rigen la relación entre los atletas, los clubes y las federaciones, un terreno que hasta ahora se manejaba con contratos civiles y comerciales sin una legislación laboral específica.
La propuesta apunta a un sector que mueve miles de millones de pesos al año en Colombia y que emplea a varios miles de personas entre jugadores, bodya técnica, médica y administrativa. Aunque el fútbol profesional concentra la mayor contratación, la norma aspira a cobijar también a otras disciplinas que tienen ligas formales, como el baloncesto, el ciclismo, el voleibol y el rugby, entre otras.
Uno de los puntos sensibles del proyecto es la posibilidad de incluir a los deportistas en el sistema general de seguridad social, con cobertura en salud, pensiones y riesgos laborales. También se prevén reglas sobre la jornada de entrenamiento, las vacaciones, la terminación del contrato y los derechos de formación de los jugadores jóvenes, aspectos que durante años quedaron a la negociación libre entre las partes.
En la práctica, la nueva regulación obligaría a los clubes a asumir cargas parafiscales y prestaciones hoy opcionales, lo que cambiaría la estructura de costos del deporte profesional. Los clubes más pequeños y los de disciplinas con menor facturación temen un impacto financiero fuerte. Los grandes elencos, en cambio, señalan que la formalización les da estabilidad jurídica y reduce litigios.
Hasta ahora, los deportistas profesionales colombianos que llevaban sus conflictos a los estrados judiciales lo hacían por la vía civil o comercial, con criterios dispares según el juez. La Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Casación han emitido pronunciamientos puntuales reconociendo derechos laborales en algunos casos, pero sin que existiera un estatuto propio del sector.
El proyecto estará en consulta pública durante los próximos días para recibir observaciones de clubes, federaciones, jugadores y académicos. Una vez cerrada esa etapa, el Ministerio del Trabajo evaluará los comentarios y ajustará el texto antes de su expedición definitiva. La norma también deberá articularse con los estatutos de la Dimayor y las federaciones deportivas, que tienen reglamentos internos.
Para los deportistas, el cambio más tangible sería el acceso a prestaciones como la prima de servicios, las cesantías y la protección frente a lesiones durante la práctica. Para los clubes, la mayor carga administrativa y tributaria aparece como la cara opuesta de la formalización. La forma final del decreto dependerá de las observaciones que se radiquen en la consulta.
Queda pendiente también la discusión sobre el plazo de los contratos, los topes salariales y el tratamiento de los derechos de formación, puntos que generan tensión entre los equipos formadores y los clubes compradores. El Ministerio del Trabajo anunció que abrirá mesas técnicas para analizar estos temas antes del texto final.
