El Gobierno nacional emitió el Decreto 1387 como respuesta directa a la auditoría de matrícula realizada en 2026 en la zona del terremoto. Con esta decisión busca que los giros del Sistema General de Participaciones destinados a educación no sufran reducciones en la vigencia 2027, según reportó Más Colombia.
La norma cobija a 423 municipios identificados dentro del área de influencia del fenómeno telúrico que sacudió el suroccidente colombiano. En esas localidades estudian 1.147.369 estudiantes en instituciones oficiales, de acuerdo con la fuente. La magnitud de la población beneficiada convierte al decreto en uno de los más amplios en materia de protección presupuestal educativa de los últimos años.
El mecanismo funciona como un escudo temporal. La auditoría de matrícula suele ajustar las transferencias según la cantidad real de alumnos reportados por cada entidad territorial, lo que puede traducirse en descuentos cuando hay desajustes. Con el decreto, esos ajustes quedan suspendidos para el cálculo del año siguiente, lo que garantiza que las secretarías de educación reciban los recursos que venían recibiendo.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda participaron en la estructuración de la medida. En decretos de este tipo suelen fijarse requisitos para que los municipios accedan al beneficio, como la presentación oportuna de reportes de matrícula, la actualización del censo educativo y el cumplimiento de indicadores de cobertura. La fuente no detalla cuáles son los requisitos específicos ni los límites de la protección.
Para los hogares de la zona, el decreto tiene un efecto directo. Si los giros a las secretarías se sostienen, los planteles pueden mantener la nómina docente, continuar con programas de alimentación escolar y evitar recortes en transporte y materiales. En una región donde la infraestructura educativa todavía enfrenta afectaciones, la continuidad del flujo de recursos es determinante para el calendario escolar.
Los docentes y directivos de las instituciones oficiales son otros de los actores impactados. Con la matrícula congelada en términos presupuestales, las plantas de personal no se ajustarían a la baja por la auditoría, lo que reduce el riesgo de reubicaciones o de supresión de cargos derivada de la caída de la población atendida.
Las autoridades territoriales quedan obligadas a reportar información veraz y oportuna. Los decretos de protección presupuestal suelen condicionar el beneficio al cumplimiento de metas de cobertura y calidad, y establecen plazos perentorios para entregar reportes. El incumplimiento puede reactivar los descuentos.
Desde el punto de vista fiscal, la medida implica que el Ministerio de Hacienda deberá asegurar la liquidez para honrar los giros sin aplicar los ajustes de la auditoría. El impacto sobre las cuentas nacionales depende de la duración del blindaje y de la evolución de la matrícula en la zona, variables que el decreto deberá definir con precisión en su reglamentación.
Quedan pendientes varios elementos del decreto. La fuente no precisa la fecha exacta de expedición, el período exacto de protección ni los criterios técnicos que delimitan la población beneficiaria. También está por verse cómo se articulará la medida con los planes de reconstrucción de la infraestructura educativa dañada por el fenómeno telúrico.
Por ahora, el mensaje central del Gobierno es que ningún estudiante de los municipios afectados verá reducida la transferencia educativa por cuenta de la auditoría de 2026. La protección, según la fuente, se extiende a la vigencia 2027 y abarca a las 423 localidades y a los 1.147.369 estudiantes reportados.