La Presidencia de la República informó sobre la reglamentación de la Ley Ángel y la activación de una ruta nacional para tramitar las alertas por crueldad contra animales. El protocolo fue difundido a través de la cuenta oficial @infopresidencia en la red social X, según reportó Infobae.
El nuevo mecanismo busca unificar la respuesta de las entidades que intervienen en estos casos. Alcaldías, inspecciones de Policía, la Policía Nacional y la Fiscalía quedaron articuladas dentro de un mismo procedimiento, con el fin de reducir los tiempos de atención y resolver las disputas de competencia que suelen retrasar las investigaciones.
La Ley Ángel fue aprobada con el propósito de fortalecer la protección animal en Colombia, estableciendo medidas de prevención, sanciones más severas y herramientas para atender los casos de crueldad. Con la reglamentación, el Gobierno nacional define ahora los criterios operativos para que las autoridades territoriales y nacionales actúen de forma coordinada.
Hasta antes de la reglamentación, los procesos por maltrato animal enfrentaban vacíos sobre cuál autoridad debía actuar primero. Esa falta de claridad derivaba en denuncias que quedaban sin trámite o en procesos que pasaban entre entidades sin resolverse. El protocolo unificado pretende cerrar ese cuello de botella.
La ciudadanía es la principal destinataria de la ruta. Cualquier persona podrá elevar una alerta sobre un posible caso de crueldad animal y esperar una respuesta articulada de las instituciones. También se busca que los animales víctimas reciban atención más oportuna por parte de las autoridades competentes.
Desde organizaciones animalistas y sectores académicos se ha señalado que la efectividad de las normas depende de la capacidad operativa de las entidades locales. La reglamentación pone ahora el desafío en la implementación territorial, donde alcaldías e inspecciones deberán adaptar sus procedimientos al nuevo esquema nacional.
El protocolo también fija un marco de actuación para la Fiscalía, que conserva su rol en los casos que puedan constituir delitos. La coordinación con la Policía Nacional permitirá el levantamiento de evidencias en el lugar de los hechos, mientras que las alcaldías quedarán a cargo de las medidas administrativas y de inspección en su jurisdicción.
Queda pendiente la difusión detallada del texto reglamentario y de los protocolos operativos que deberán seguir alcaldías y autoridades de Policía. El Gobierno también deberá precisar los indicadores con los que se medirá la reducción de tiempos y la respuesta efectiva a las alertas ciudadanas por crueldad animal.