En un punto del departamento de Putumayo funciona la única zona de ubicación temporal que sigue acogiendo disidentes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, conocida como CNEB. Allí permanecen 99 combatientes que, según la fuente, reiteraron su decisión de abandonar las armas y sumarse a la vida civil.
Las zonas de ubicación temporal son espacios delimitados por el Gobierno dentro de los procesos de diálogo con grupos armados. Su propósito es concentrar a los combatientes que manifiestan voluntad de desmovilización mientras avanzan las conversaciones y se diseñan rutas individuales y colectivas para su reincorporación a la sociedad.
El proceso de paz que dio origen a esta zona se inscribe en una línea de acercamientos entre el Estado colombiano y estructuras disidentes de las antiguas FARC. A lo largo de los últimos años, esos acercamientos han alternado períodos de avance y de estancamiento, dependiendo de la voluntad política de cada administración y de la situación de seguridad en los territorios.
Putumayo es una región históricamente afectada por el conflicto armado y por la presencia de economías ilegales. La existencia de una zona de ubicación temporal en ese departamento tiene implicaciones directas sobre la seguridad de las comunidades, la movilidad de la población y la dinámica de los grupos armados que aún operan en la zona.
Los 99 disidentes que permanecen en el lugar representan un grupo reducido frente al universo de combatientes que alguna vez hicieron parte de la CNEB. Su decisión de transitar a la vida civil constituye un punto de partida, pero no garantiza por sí sola el cierre del proceso, que requiere acompañamiento institucional, garantías de seguridad y oferta de reincorporación.
La fuente señala que el futuro del proceso queda en manos de la nueva administración. Esa frase es clave: significa que, aunque los combatientes ya dieron un paso, las decisiones sobre continuidad, suspensión o rediseño corresponden al Ejecutivo encabezado por Abelardo De La Espriella, quien debe definir si mantiene, ajusta o da por terminada la zona.
En la práctica, el equipo de gobierno entrante debe evaluar al menos tres frentes: la situación de seguridad en el territorio, la disponibilidad de recursos para sostener la zona y los mecanismos de reincorporación, y la viabilidad política de mantener una mesa con esta estructura en particular. Cada uno de esos frentes condiciona el rumbo inmediato.
Para las comunidades de Putumayo, la indefinición también tiene efectos. Mientras no haya una decisión clara, la zona seguirá siendo un punto de atención para la fuerza pública, para las autoridades locales y para los organismos de derechos humanos que verifican las condiciones de quienes permanecen en ella.
El episodio deja sobre la mesa una pregunta que trasciende al propio grupo: cuál será la política del nuevo Gobierno frente a los procesos de diálogo abiertos con disidencias. La respuesta a esa pregunta marcará el rumbo de esta zona y, eventualmente, de cualquier otra negociación que se proyecte en el país.