El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, planteó la necesidad de revisar los avances obtenidos en la mesa de diálogo antes de tomar decisiones sobre los 99 desmovilizados que permanecen en una Zona de Ubicación Temporal. La petición fue recogida por Infobae en el marco de las conversaciones que el Ejecutivo adelanta con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
De acuerdo con la fuente, Novoa reconoció que existe incertidumbre sobre el rumbo del proceso. Esta advertencia se produce cuando aún no se ha cerrado la fase de evaluación que permita determinar si las partes mantienen las condiciones políticas y operativas para continuar las negociaciones.
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una de las organizaciones armadas con las que el Gobierno ha intentado abrir espacios de conversación, en un contexto marcado por la fragmentación de antiguos grupos guerrilleros y la aparición de nuevas estructuras que se declaran herederas de proyectos insurgentes históricos. Los diálogos con estos grupos suelen incluir fases de ubicación temporal, verificación de los combatientes y compromisos sobre el cese de acciones ofensivas.
Las Zonas de Ubicación Temporal son figuras contempladas en los procesos de diálogo para concentrar a los combatientes durante una etapa inicial, mientras se avanza en la negociación política. En ellas, los desmovilizados esperan definiciones sobre su situación jurídica, su reincorporación a la vida civil y las garantías de seguridad que el Estado pueda ofrecerles.
La permanencia de 99 personas en una de estas zonas, a la espera de una definición sobre el proceso, muestra los efectos prácticos de la incertidumbre señalada por el jefe negociador. Para estas personas, la dilación en las decisiones se traduce en condiciones de vida precarias y en la ausencia de un marco claro que les permita planificar su salida de la zona o su eventual reincorporación.
La petición de Novoa de evaluar primero los avances responde, según la fuente, a la intención de no comprometer decisiones sobre los desmovilizados sin tener un diagnóstico compartido del estado real de la mesa. Esta postura choca con las expectativas de sectores que piden acelerar la definición del proceso, tanto por razones humanitarias como de seguridad en las regiones donde opera la Coordinadora.
En materia de seguridad, la continuidad o el quiebre de los diálogos tiene efectos directos sobre las comunidades que habitan las zonas de influencia de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Los habitantes de esos territorios suelen ser los primeros afectados por las acciones armadas y por los cambios en la dinámica del conflicto local.
Sobre las posturas en la mesa, la fuente no detalla reacciones específicas de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano frente a los señalamientos de incertidumbre. Tampoco se mencionan pronunciamientos de otros sectores políticos, académicos o de organismos internacionales que suelen acompañar este tipo de procesos.
Queda pendiente la realización de esa evaluación integral de los avances, cuyo resultado será determinante para definir si los 99 desmovilizados permanecen en la Zona de Ubicación Temporal, son reubicados o enfrentan un cambio en su situación. Mientras esa decisión no se adopte, la mesa de diálogo seguirá operando bajo el signo de la incertidumbre descrito por el propio jefe negociador.