El Ejecutivo, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, presentó el documento titulado El Libro de la Verdad, en el que se detallan presuntas irregularidades en el manejo de 6,8 billones de pesos del sistema de salud colombiano durante el período 2022-2026. La denuncia se concentra en la ejecución de recursos destinados a la atención primaria en zonas rurales y apartadas del país.
Según el informe, los fondos habrían sido girados sin que se realizara una evaluación previa que permitiera medir su efectividad. El texto advierte que esta ausencia de seguimiento impide determinar si la inversión cumplió los objetivos sanitarios planteados o si los recursos llegaron efectivamente a las comunidades beneficiarias.
El reporte también cuestiona la actuación de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad encargada de vigilar a los actores del sistema. De acuerdo con el extracto publicado por Infobae, ese organismo de control tampoco habría fiscalizado el uso de los fondos, lo que dejó la cadena de gasto sin supervisión durante el período señalado.
La revelación se inscribe en la transición entre la administración de Gustavo Petro y el Gobierno de De la Espriella, iniciado en 2026. Una de las tareas que enfrenta todo gobierno que llega al poder consiste en revisar la gestión financiera de su antecesor, especialmente en sectores sensibles como la salud, donde los recursos públicos tienen impacto directo sobre la población.
El sistema de salud colombiano atraviesa desde hace varios años una crisis estructural, con episodios recurrentes de insuficiencia de recursos para hospitales públicos, deudas con las entidades promotoras de salud y quejas por la demora en la atención a usuarios. En ese contexto, cualquier señalamiento sobre el destino de cerca de 6,8 billones de pesos concentra de inmediato la atención de pacientes, profesionales del sector y organismos de control.
La ciudadanía resulta directamente afectada por el manejo de estos recursos. Si los fondos no se tradujeron en servicios efectivos en zonas apartadas, las comunidades rurales habrían quedado sin la atención primaria que el dinero debía financiar. A su vez, los trabajadores del sector salud y los hospitales que esperaban los giros podrían haber visto comprometida su operación.
Desde el Gobierno se planteó la necesidad de esclarecer el destino de los recursos y de establecer responsabilidades. El Libro de la Verdad fue presentado como una herramienta para que la justicia, la Contraloría General de la República y la Procuraduría avanzaran en investigaciones sobre los hallazgos reportados.
Queda por verse si los organismos de control abren investigaciones formales, si la Superintendencia Nacional de Salud responde a los señalamientos sobre su falta de fiscalización y si el Congreso cita a los funcionarios de la administración anterior para dar explicaciones. El informe deja abiertas varias líneas de indagación que podrían prolongarse durante los próximos meses.
Por ahora, la denuncia marca un punto de partida para el debate público sobre la transparencia en el manejo de los recursos de la salud y sobre los mecanismos de control que deben operar cuando se ejecutan partidas presupuestales de gran magnitud en programas sociales.