El presidente Abelardo de la Espriella impartió la instrucción de desmantelar la política de “paz total” que había servido como marco para los acercamientos con grupos armados organizados. La directriz incluye el traslado de personas calificadas como narcoterroristas hacia cárceles de alta seguridad, según reportó Portafolio.co.
La “paz total” había sido la apuesta central del gobierno anterior para intentar acercar a organizaciones como el Estado Mayor Central, las disidencias del EMC y estructuras vinculadas al narcotráfico bajo un mismo paraguas de diálogo. El nuevo gobierno opta por desmontar esa arquitectura y poner el acento en el control territorial y la fuerza pública.
Con el traslado a penales de máxima seguridad, el Ejecutivo busca limitar la capacidad de coordinación de los cabecillas desde las cárceles. Históricamente, las prisiones han funcionado como centros de mando para distintas estructuras, lo que ha sido señalado por sectores de seguridad como un obstáculo para reducir la violencia en las regiones.
La decisión marca un giro en la política de seguridad. Mientras la “paz total” privilegiaba mesas de conversación y sometimiento, la nueva orden pone el peso en el aislamiento de los líderes de organizaciones narcoterroristas. Se trata de un cambio de timón que redefine las prioridades del Ejecutivo frente al conflicto armado.
La medida también pone en cuestión los acuerdos parciales y los espacios de diálogo que se habían habilitado bajo el esquema anterior. Sectores que respaldaban la búsqueda de salidas negociadas alertaron sobre los efectos de desmontar esa arquitectura sin una ruta sustitutiva clara.
En materia penitenciaria, el traslado a cárceles de alta seguridad implica un reto logístico para el INPEC y para el sistema carcelario, que ya enfrenta hacinamiento y limitaciones de capacidad. Cualquier movimiento masivo de internos de alto perfil requiere coordinación entre la Fuerza Pública, el Ministerio de Justicia y los establecimientos receptores.
Desde el punto de vista ciudadano, el anuncio se traduce en una expectativa de mayor presión sobre los grupos armados y, al mismo tiempo, en incertidumbre sobre lo que ocurrirá con las comunidades que vivían bajo la expectativa de acuerdos territoriales. La política de “paz total” había generado compromisos en zonas con fuerte presencia de cultivos de uso ilícito y de organizaciones armadas.
El gobierno también vincula la decisión a la lucha contra el narcotráfico, al calificar como narcoterroristas a los miembros de esas estructuras que serán reubicados. Esa etiqueta ha sido utilizada en Colombia para designar a organizaciones que combinan el tráfico de drogas con acciones violentas contra la población civil y la fuerza pública.
Queda pendiente conocer los criterios operativos del traslado, la lista de estructuras alcanzadas por la orden y el cronograma de ejecución. También se espera el pronunciamiento de los grupos que estaban en mesa y de los organismos de control sobre la legalidad del procedimiento.
Por ahora, la instrucción presidencial fija un nuevo norte para la seguridad y la política de paz: menos diálogo con cabecillas y más reclusión en condiciones de alta seguridad, con el objetivo declarado de debilitar las redes narcoterroristas en el territorio nacional.