El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que el Gobierno nacional solicitará al Congreso una partida de $1,2 billones destinada a evitar riesgos de desabastecimiento eléctrico. El anuncio se produjo en un escenario público en el que el funcionario alertó sobre las consecuencias de prolongar la crisis del sector energético colombiano.
Según el extracto publicado por Infobae, Gómez Martínez insistió ante el Legislativo en la necesidad de modernizar las redes de transmisión y distribución, y de replantear los esquemas de apoyo regional que hoy sostienen parte del sistema. La advertencia apunta a que la infraestructura actual podría no responder ante picos de demanda o eventos climáticos extremos.
El ministro también lanzó una crítica directa a la administración anterior del sector. Afirmó que el sector "sobrevivió a Irene Vélez", en referencia a la exministra de Minas y Energía que estuvo al frente de la cartera durante el gobierno de Gustavo Petro. La frase dejó ver el tono de la actual administración frente a la herencia recibida en materia energética.
El pedido de $1,2 billones se inscribe en una discusión más amplia sobre la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico. El Gobierno deberá sustentar ante las comisiones económicas del Congreso el destino específico de los recursos y los plazos de ejecución, algo que será determinante para avanzar en la modernización de redes y en la atención de regiones con problemas recurrentes de servicio.
Para los ciudadanos, el debate tiene efectos directos en la calidad y continuidad del servicio de energía, sobre todo en zonas donde las fallas técnicas y las interrupciones se han vuelto recurrentes. Cualquier decisión sobre modernización de redes o ajustes a los subsidios regionales impacta la tarifa final que pagan los hogares colombianos.
El sector eléctrico colombiano arrastra años de desafíos en transmisión, distribución y tarifas, y los episodios de estrés hídrico han puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema. En ese contexto, el pedido de recursos al Congreso aparece como una respuesta del Gobierno para reducir el riesgo de un apagón de gran escala.
En el plano político, la solicitud abre un nuevo frente de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde las bancadas evaluarán la viabilidad fiscal de la partida. El respaldo o el rechazo a los $1,2 billones dependerá de la sustentación técnica que presente el Ministerio y del margen que tenga la cartera en el marco fiscal vigente.
Queda pendiente conocer los detalles del proyecto, el cronograma de ejecución y los criterios para distribuir los apoyos regionales. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la falta de inversión oportuna puede traducirse en riesgos concretos para la continuidad del servicio eléctrico en el país.