El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Gobierno nacional prepara una reducción del presupuesto asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según reportó Infobae, la orden interna es recortar gastos en distintos rubros del Estado, y la JEP aparece entre las entidades afectadas por la política de austeridad.
Lara defendió la decisión con un argumento de eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Para el ministro, ajustar el presupuesto de los organismos del Estado es una medida ordenada y no una intervención sobre su autonomía. La postura del Gobierno llega en un momento de tensión por el financiamiento de la justicia transicional, creado por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC.
En paralelo, el ministro se refirió al mensaje que el presidente Abelardo de la Espriella habría enviado al magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Lara calificó esa comunicación como respetuosa e institucional. Con esa descripción, el Ejecutivo buscó desligar la misiva presidencial de cualquier señalamiento de presión sobre el tribunal de paz.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Tiene a su cargo investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos durante el conflicto armado por excombatientes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles. Su mandato incluye más de un millón de víctimas acreditadas en distintos casos nacionales y territoriales.
El presupuesto de la JEP se ha convertido en un punto sensible desde la creación del tribunal. Organizaciones de víctimas, gremios de abogados y funcionarios de la jurisdicción han advertido en distintas oportunidades que los recortes afectan la capacidad de investigar macrocasos como el de secuestro, reclutamiento forzado y falsos positivos. Una disminución presupuestal puede traducirse en demoras en audiencias, menos profesionales contratados y limitaciones logísticas para las comparecencias.
En el frente político, la movida del Gobierno se inscribe en la línea de austeridad fiscal que el Ejecutivo defiende desde el inicio de su gestión. El argumento es reducir el tamaño del Estado y reasignar recursos hacia inversión social y seguridad. Los críticos, en cambio, sostienen que la justicia transicional necesita recursos estables para cumplir su mandato dentro de los plazos previstos por la propia ley.
La reacción del magistrado Ramelli y de otros integrantes de la JEP será determinante en los próximos días. En escenarios anteriores, los presidentes de la jurisdicción han recurrido a la Corte Constitucional para defender la autonomía presupuestal de los organismos de control y justicia. Por ahora, el Gobierno sostiene su plan y Lara salió a respaldar el tono institucional del mensaje presidencial.
Queda por verse el detalle del recorte: cuánto se reducirá, en qué rubros específicos y si la medida hará parte de un decreto o de un proyecto de ley ante el Congreso. Cualquiera de los dos caminos abre un nuevo round entre el Ejecutivo y la JEP, en un debate que combina austeridad fiscal, independencia judicial y el cumplimiento de los acuerdos de paz.