El presidente Abelardo de la Espriella anunció esta semana una directiva dirigida a Migración Colombia para que adelante operativos de deportación de inmigrantes, con énfasis en personas de nacionalidad venezolana. Según reportó Democracy Now!, la instrucción fue dada en términos directos durante una intervención pública realizada el martes.
En sus declaraciones, el mandatario señaló: "La orden a Migración es clara, y ahorita los llamamos y se la damos: que empiecen los operativos coordinados con la policía en Barranquilla". La frase fue pronunciada ante los asistentes y recogida por el medio citado, lo que confirma el carácter ejecutivo de la directriz presidencial.
El anuncio llega en un contexto migratorio sin precedentes en Colombia. Según datos de la ONU citados por Democracy Now!, alrededor de 2,8 millones de venezolanos residen actualmente en territorio colombiano, lo que convierte al país en el principal receptor de población migrante proveniente de Venezuela en la región.
Colombia ha sido históricamente un país de recepción masiva de ciudadanos venezolanos desde que se agudizó la crisis económica y política en el vecino país, cerca de 2015. A lo largo de los años anteriores, distintas administraciones implementaron figuras como el Estatuto Temporal de Protección, que permitió la regularización de cientos de miles de venezolanos y facilitó su acceso a servicios públicos y al mercado laboral formal.
Los operativos coordinados con la Policía Nacional implican el trabajo conjunto entre Migración Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, y las fuerzas de seguridad del Estado. Barranquilla, ciudad donde se iniciarían las operaciones, es la capital del departamento del Atlántico y un nodo comercial e industrial clave en la región Caribe colombiana, con una presencia significativa de población migrante.
La directriz presidencial genera interrogantes sobre el alcance y las condiciones de los procedimientos. La normatividad colombiana establece que las deportaciones deben seguir procesos administrativos con garantías para los migrantes, incluyendo el derecho a la defensa y, en muchos casos, el acceso a la asistencia consular del país de origen. Queda por definir cómo se articularán estos procedimientos con los operativos anunciados.
Para los aproximadamente 2,8 millones de venezolanos en Colombia, según la ONU, el anuncio representa un cambio de política con efectos directos. La medida podría impactar tanto a personas en situación irregular como a quienes cuentan con permisos vigentes, dependiendo de los criterios operativos que defina Migración Colombia en las próximas jornadas.
Las reacciones desde diversos sectores no aparecen detalladas en la fuente consultada. Organizaciones de derechos humanos y entidades como la Defensoría del Pueblo suelen pronunciarse sobre este tipo de operativos, mientras que gremios económicos han señalado en otras ocasiones la contribución de la población venezolana a sectores como el comercio informal, la construcción y el trabajo doméstico.
Queda pendiente conocer los protocolos específicos que adoptará Migración Colombia, el volumen estimado de personas afectadas en esta primera fase, los criterios de selección y el destino de quienes no puedan ser retornados de inmediato. El Gobierno también deberá precisar si los operativos se extenderán a otras ciudades del país o se concentrarán inicialmente en Barranquilla.