Fernando Galindo le pidió a Cristina Lombana, recién designada secretaria de Transparencia, que su primera línea de trabajo en el cargo sea atender las investigaciones abiertas contra el sistema de salud. Según el extracto publicado por El Espectador, Galindo considera que ese es el punto de partida natural para la gestión de Lombana al frente de la dependencia.
El pronunciamiento llega en un momento sensible para la cartera de salud. El presidente Abelardo de la Espriella viene promocionando un plan de choque orientado a corregir los problemas estructurales que arrastra el sistema, entre ellos la crisis de liquidez de las EPS, las deudas entre actores y las demoras en la atención a los usuarios.
La Secretaría de Transparencia es la dependencia encargada de prevenir, investigar y sancionar la corrupción dentro de las entidades públicas del orden nacional. Su labor incluye el seguimiento a los recursos del Estado, la promoción de la integridad institucional y la articulación con los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría.
Por eso el pedido de Galindo tiene peso institucional. Si Lombana decide atender primero los expedientes del sector salud, estaría enviando una señal clara sobre las prioridades del Gobierno en la lucha contra la corrupción, alineando la agenda anticorrupción con la reforma estructural que impulsa el Ejecutivo en esa cartera.
El sector salud colombiano arrastra hace años denuncias por irregularidades en la facturación, en la gestión de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación y en los giros a los prestadores. Varias investigaciones han involucrado a antiguos administradores de EPS, a funcionarios regionales y a operadores de servicios, aunque las decisiones en firme dependen de la rama judicial.
Además del llamado de Galindo, el plan de choque presidencial contempla intervenciones específicas sobre el flujo de recursos, la reorganización de la red pública hospitalaria y la revisión de los contratos vigentes entre EPS, hospitales y proveedores. El Gobierno sostiene que sin atacar la corrupción y mejorar la transparencia será imposible estabilizar el sistema.
Para los ciudadanos el impacto potencial es grande. Más de 25 millones de colombianos dependen del sistema contributivo y subsidiado para acceder a consultas, cirugías y medicamentos. Cualquier decisión sobre los recursos que mueven esas entidades tiene efecto directo sobre la calidad y la oportunidad de la atención.
Desde el Gobierno insisten en que el plan no busca debilitar a los actores del sistema sino depurar las prácticas que han afectado la prestación del servicio. Sectores críticos han pedido, en paralelo, que las investigaciones avancen con debido proceso y que no se mezclen las decisiones administrativas con las sanciones disciplinarias o penales.
Queda pendiente ahora la respuesta de Lombana y la publicación oficial de las primeras acciones de la Secretaría de Transparencia en este frente. También se conocerán los plazos del plan de choque presidencial, un factor clave para medir si las medidas anunciadas se traducen en mejoras concretas para los usuarios del sistema de salud.
El pulso entre las investigaciones anticorrupción y la reforma del sistema vuelve a quedar en el centro del debate. Cómo la cifra se leen las decisiones de la Secretaría de Transparencia en los próximos meses será una señal sobre el rumbo del plan de choque del presidente De la Espriella para el sector salud.