El presidente Abelardo de la Espriella derogó la resolución que prohibía el uso de glifosato en la fumigación de narcocultivos en Colombia, según informó el medio Vistazo. La nueva resolución fue expedida el 18 de agosto y marca un giro en la política de aspersión aérea, que había sido suspendida en años anteriores por motivos ambientales y de salud pública.
La decisión se conoce en un momento en el que el Gobierno ha reiterado su intención de mantener una línea dura frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. El propio Ejecutivo ha vinculado esa estrategia al apoyo de Estados Unidos, país que durante décadas ha sido el principal socio de Colombia en la lucha antidroga y en programas como el Plan Colombia.
El glifosato es un herbicida de amplio uso agrícola cuya aspersión sobre cultivos de coca fue una de las herramientas centrales de la política antinarcóticos entre finales de los años noventa y la primera década de los dos mil. Su utilización se fue restringiendo tras cuestionamientos de organizaciones ambientales, comunidades afectadas y organismos de control, que señalaban impactos sobre la salud humana, los ríos y los suelos.
La derogación de la prohibición implica que el Gobierno recupera la posibilidad de retomar fumigaciones con glifosato, aunque cualquier implementación efectiva requerirá definir condiciones técnicas, zonas priorizadas y protocolos de control. El alcance operativo de la medida depende de resoluciones posteriores de entidades como el Ministerio de Defensa, la Policía Antinarcóticos y el Ministerio de Ambiente.
Para las comunidades campesinas e indígenas asentadas en zonas de cultivo de uso ilícito, el cambio de política tiene implicaciones directas. Históricamente, estas poblaciones han sido las principales receptoras de los efectos de las fumigaciones, tanto por la afectación a sus cultivos de pancoger como por los señalamientos de organizaciones de derechos humanos sobre los impactos en la salud.
En el plano internacional, el restablecimiento del glifosato podría modificar la conversación con Washington, que en distintas oportunidades ha condicionado su cooperación a la reanudación de la aspersión aérea. Analistas han señalado que la decisión también tendrá repercusiones en los compromisos ambientales asumidos por Colombia en acuerdos multilaterales sobre protección de bosques y biodiversidad.
La derogación llega en un contexto de debate interno sobre la efectividad de la fumigación frente a alternativas como la sustitución voluntaria de cultivos, la erradicación manual y el desarrollo rural. El país ha ensayado distintos enfoques en las últimas décadas, con resultados desiguales según la fuente consultada. La nueva resolución no define de inmediato si se retomará la aspersión masiva o si se apostará por un esquema focalizado.
Tras la publicación de la medida, distintos sectores han reclamado claridad sobre los mecanismos de control, la protección a las comunidades y los estudios técnicos que respaldan el uso del herbicida. El Gobierno, por su parte, enmarcó la decisión dentro de su estrategia integral contra el narcotráfico, que también contempla cooperación judicial, inteligencia militar y acuerdos con países productores y de tránsito de drogas.
Queda pendiente conocer los próximos actos administrativos que desarrollen la resolución y los pronunciamientos de los organismos de control, la Defensoría del Pueblo y las autoridades ambientales. La implementación de la nueva política antidroga será, en cualquier caso, objeto de seguimiento por parte de la opinión pública nacional e internacional.