El presidente Abelardo De La Espriella anunció el fin de la política conocida como 'Paz Total' y ordenó el cierre de todas las mesas de diálogo que se adelantaban con grupos armados en el país, según informó El Tiempo. La decisión marca un giro en la estrategia que el Estado colombiano había mantenido como vía para gestionar los conflictos armados internos.
La 'Paz Total' había sido impulsada como un marco para negociar de manera simultánea con múltiples organizaciones, tanto de carácter político como criminal. Bajo esa sombrilla se abrieron mesas con grupos como el ELN, disidencias de las antiguas Farc y estructuras del llamado Clan del Golfo, entre otros. El anuncio del presidente De La Espriella implica que esos espacios quedan suspendidos.
El Tiempo también reportó que el gobierno cuestionó más de 7.000 millones de pesos en honorarios relacionados con estos procesos. El monto, según la información divulgada por el diario, fue puesto bajo revisión por el Ejecutivo, que pidió explicaciones sobre los pagos realizados a quienes participaron como negociadores, asesores o facilitadores en las mesas de diálogo.
La revisión de esos recursos se suma a la decisión política de cerrar las conversaciones. Para el Gobierno, según lo recogido por El Tiempo, los resultados obtenidos hasta ahora no justifican la continuidad de la estrategia. La vocería oficial señala que la apuesta por el diálogo no produjo los avances esperados en materia de seguridad ni en reducción de la violencia.
El cierre de las mesas tiene efectos directos sobre las comunidades que habitan las zonas donde estos grupos tienen presencia. En esos territorios, los procesos de diálogo habían abierto expectativas de desescalamiento, sustitución de economías ilegales y participación social. Con el anuncio, esas expectativas quedan en pausa hasta que se conozca la ruta que adoptará el Ejecutivo.
Para las Fuerzas Militares y la Policía, el fin de la 'Paz Total' reabre la posibilidad de operaciones ofensivas contra las organizaciones con las que se negociaba. El nuevo escenario se traducirá, según anticiparon analistas consultados por distintos medios, en un reforzamiento de la acción militar y de las tareas de inteligencia sobre los grupos armados que no se acogieron a procesos de sometimiento individual.
Sectores políticos y sociales han reaccionado al anuncio. Mientras algunas voces respaldan el cierre de las mesas por considerar que la estrategia no dio resultados, otras advierten sobre el riesgo de un repunte de la violencia en regiones donde el diálogo era el único canal de comunicación entre el Estado y los grupos armados. El Tiempo recogió parte de esas reacciones en su publicación.
Queda pendiente conocer los detalles operativos del cierre: cómo se notificará a las organizaciones, qué pasará con los acuerdos parciales ya firmados y cuál será la política de seguridad que reemplace a la 'Paz Total'. El Gobierno también deberá responder sobre el destino de los más de 7.000 millones de pesos en honorarios cuestionados, una cifra que la opinión pública y los organismos de control seguramente seguirán de cerca.
La decisión del presidente De La Espriella se conoce en un momento en el que el país debate sobre los caminos más efectivos para enfrentar a los grupos armados. El fin de la 'Paz Total' reabre una discusión de fondo sobre el equilibrio entre negociación y fuerza, un debate que ha acompañado a Colombia durante décadas y que ahora vuelve al centro de la agenda nacional.