El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una revisión nacional de los comparendos electrónicos conocidos como fotomultas. Según el reporte de El Tiempo, cerca de 40.000 de estos procedimientos podrían presentar irregularidades. El anuncio pone en duda la validez de miles de sanciones impuestas a conductores en distintas ciudades del país.
La revisión también identificó 12 dispositivos de detección cuya autorización está en trámite de revocatoria. Este hallazgo refuerza la preocupación sobre el funcionamiento del sistema de multas automáticas, que en muchos casos opera mediante cámaras y sensores instalados en vías urbanas.
Las fotomultas se convirtieron en una herramienta habitual de control de tránsito en las principales ciudades colombianas. Funcionan con equipos electrónicos que registran infracciones como exceso de velocidad, cruce en semáforo rojo o conducción sin cinturón. La sanción se notifica al propietario del vehículo sin necesidad de que un agente de tránsito detenga al conductor.
El sistema ha sido cuestionado de forma recurrente por ciudadanos y abogados. Las quejas más frecuentes apuntan a errores en la identificación del vehículo, a notificaciones que no llegan correctamente al conductor y a la falta de claridad sobre la calibración de los equipos. En varios municipios, los recursos legales contra estas multas han crecido de manera sostenida.
Una revisión de esta magnitud puede tener efectos prácticos en los ciudadanos. Si se confirma la irregularidad de un comparendo, el ciudadano puede solicitar su anulación y, en algunos casos, la devolución del dinero pagado. El proceso, sin embargo, suele tardar varios meses y requiere acudir a instancias administrativas o judiciales.
La decisión del gobierno se enmarca en la intención de transparentar el funcionamiento de las entidades encargadas del tránsito. La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte son las entidades que autorizan y supervisan el uso de estos dispositivos. Cualquier cambio en las autorizaciones vigentes podría modificar la forma en que las alcaldías contratan los servicios de detección electrónica.
Para los conductores, la revisión abre un escenario de duda sobre miles de sanciones ya impuestas. Quienes recibieron fotomultas en los últimos meses pueden consultar el estado de su comparendo ante la autoridad de tránsito correspondiente y, si procede, presentar un derecho de petición o una demanda de nulidad.
Queda por definirse el alcance final de la revisión. El gobierno deberá precisar cuántos comparendos serán efectivamente anulados, cómo se notificará a los afectados y si se suspenderán nuevos cobros mientras se adelanta el proceso. También está pendiente la decisión sobre los 12 dispositivos en trámite de revocatoria, cuyo uso podría quedar restringido en las próximas semanas.