El senador republicano Bernie Moreno aseguró en entrevista con la Revista Semana que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, trabaja para revertir las decisiones que calificó como “vergonzosas” del gobierno anterior de Gustavo Petro. La declaración se conoce después de que Estados Unidos descertificara a Colombia en materia de lucha antidrogas, una medida que afecta la relación bilateral y la cooperación en seguridad.
La descertificación es una determinación que el Departamento de Estado de Estados Unidos emite cada año tras evaluar el desempeño de los países en el combate al narcotráfico. Cuando un país es descertificado, enfrenta restricciones en ayuda no humanitaria y no comercial, y queda fuera de ciertos apoyos financieros y de cooperación bilateral. La medida ha sido utilizada históricamente como un mecanismo de presión diplomática sobre gobiernos aliados.
Moreno, senador por el estado de Ohio y una de las voces republicanas que suele pronunciarse sobre temas latinoamericanos, vinculó su comentario con la situación que atraviesa Colombia tras la decisión estadounidense. Para el legislador, la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia representaría, según sus palabras, una oportunidad para corregir el rumbo en la cooperación antidrogas con Washington.
La declaración se enmarca en un contexto de tensión en la relación entre Colombia y Estados Unidos durante el gobierno de Gustavo Petro. Las diferencias entre ambas administraciones incluyeron debates sobre la política de aspersión aérea con glifosato, la estrategia de erradicación manual y el enfoque de la llamada “paz total”. Esos puntos fueron centrales en las evaluaciones anuales de certificación que realiza el gobierno estadounidense.
Desde el punto de vista institucional, el proceso de certificación antidrogas no depende solo de la voluntad política del presidente colombiano. Incluye compromisos en reducción de cultivos, interdicción, extradiciones, lucha contra el lavado de activos y resultados judiciales contra organizaciones dedicadas al narcotráfico. Cualquier cambio de rumbo implica reformas en varias agencias del Estado y ajustes en la política de seguridad.
El pronunciamiento de Moreno sugiere que el senador republicano anticipa una etapa de mayor alineamiento entre Bogotá y Washington en materia de seguridad y drogas. Sin embargo, el alcance real de un eventual giro diplomático depende de las decisiones concretas que adopte el nuevo gobierno en sus primeros meses de gestión, así como de las evaluaciones técnicas que realice el Departamento de Estado en su próximo ciclo.
Para los ciudadanos, la certificación y la descertificación tienen efectos prácticos más allá del terreno diplomático. La certificación facilita el acceso a recursos de cooperación, el intercambio de inteligencia y el apoyo logístico para operaciones contra el narcotráfico. Una descertificación prolongada puede traducirse en menos herramientas para las fuerzas de seguridad y en un impacto sobre zonas afectadas por cultivos de uso ilícito.
Queda pendiente conocer la posición oficial del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre los puntos que llevaron a la descertificación y las medidas concretas que plantea para revertirla. La entrevista con la Revista Semana deja ver el interés de congresistas republicanos en respaldar esa gestión, pero también deja abiertas preguntas sobre la magnitud de los cambios en política de drogas que se anuncian.