El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este lunes 17 de agosto que el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto ha dejado hasta el momento 289 personas fallecidas. El anuncio se produjo horas después de que el Instituto de Medicina Legal divulgara una cifra distinta.
Según el reporte presidencial, la cifra de víctimas mortales se ubica en 289, es decir, 15 menos que los 304 fallecidos reportados por el Instituto de Medicina Legal. La divergencia entre las dos fuentes ocurrió en el mismo día, lo que generó interrogantes sobre cuál es el corte oficial.
El Instituto de Medicina Legal es la entidad colombiana encargada de la identificación forense y de consolidar los datos de personas fallecidas en eventos catastróficos. Su labor incluye la recepción de cadáveres, la práctica de necropsias y la entrega de cuerpos a los familiares, por lo que sus conteos suelen considerarse la base técnica del consolidado nacional.
En emergencias de gran escala, como sismos, avenidas torrenciales o explosiones, es común que distintas entidades reporten cifras diferentes en las primeras horas. Esto ocurre porque algunos reportes provienen de hospitales, otros de defensas civiles regionales y otros de los organismos forenses, que requieren tiempo para confirmar la identidad y la causa de muerte.
Con el anuncio del presidente, la casa de gobierno asume un papel rector en la comunicación de la cifra consolidada. Esa función suele recaer en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que coordina los reportes con alcaldías, gobernaciones y entidades técnicas como Medicina Legal.
El terremoto del 10 de agosto es uno de los eventos sísmicos más destructivos registrados en Colombia en los últimos años. Colombia se ubica en una zona de alta actividad sísmica por la interacción de las placas tectónicas Sudamericana, Nazca y Caribe, lo que explica la recurrencia de movimientos telúricos en distintas regiones del país.
La diferencia de 15 víctimas entre ambas cifras puede deberse a duplicados en los reportes iniciales, a personas que fueron reportadas como fallecidas y luego fueron ubicadas con vida, o a ajustes en los listados forenses. Cualquiera de esas razones es esperable en las fases iniciales de una emergencia de esta magnitud.
Para los familiares de las víctimas, la consolidación de una cifra única y verificable es un paso necesario antes de avanzar en los procesos de identificación, entrega de cuerpos y reparación. Las autoridades suelen insistir en que solo Medicina Legal puede expedir la certificación oficial de fallecimiento.
Queda pendiente que el gobierno nacional aclare de manera pública y detallada por qué la cifra presidencial es menor que la forense y cuál de las dos fuentes se tomará como definitiva para efectos oficiales, indemnizaciones y seguros. También se espera el reporte actualizado de personas heridas, desaparecidas y damnificadas.
La fuente de esta información es la cuenta oficial de Instagram consultada, donde se publicó la declaración del presidente sobre el balance de víctimas del terremoto.