El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó este jueves que el terremoto que sacudió al país deja 289 personas fallecidas, según informó la agencia de noticias EFE. La cifra entregada por el jefe de Estado contrasta con las 304 víctimas mortales que había reportado el Instituto de Medicina Legal en su más reciente balance.
La divergencia entre ambos números no es menor. El Instituto de Medicina Legal es la entidad técnica encargada en Colombia de las identificaciones y dictámenes forenses, por lo que sus reportes suelen tomarse como referencia en tragedias de gran escala. Cuando la Presidencia difunde un balance distinto, se abre un interrogante sobre cuál es la metodología aplicada para cada conteo y si las dos instituciones están conciliando sus bases de datos.
Expertos en manejo de desastres consultados en otras emergencias similares coinciden en que durante las primeras semanas tras un sismo es habitual que las cifras varíen entre fuentes oficiales. Las razones son múltiples: víctimas que aparecen con el paso de los días, duplicados en los registros, personas que fallecen en centros de salud días después del siniestro y ajustes por procesos de identificación. La tarea de unificar un solo número suele quedar en manos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que consolida los reportes de gobernaciones, alcaldías y entidades forenses.
Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado públicamente cómo se llegó a la cifra de 289 ni qué categorías de víctimas quedaron excluidas frente al reporte de Medicina Legal. Tampoco se ha precisado si esa diferencia corresponde a personas que fueron dadas por desaparecidas y luego se confirmó que estaban vivas, a errores de duplicación o a actualizaciones pendientes del propio Instituto.
La discrepancia tiene implicaciones directas para las familias de las víctimas. En Colombia, los procesos de reconocimiento, entrega de cuerpos y posterior reparación dependen de registros fidedignos. Una víctima que figure en un listado y no en otro puede ver demorados trámites como la certificación de defunción, la entrega de restos o el acceso a ayudas humanitarias definidas por el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los casos que correspondan.
También pesa sobre la respuesta institucional. Los planes de atención de emergencia, las solicitudes de recursos ante organismos internacionales y los apoyos logísticos se dimensionan usualmente con base en las cifras oficiales. Si las proyecciones de damnificados e infraestructuras afectadas se calcularon sobre 304 fallecidos y luego se ajustan a 289, los indicadores de magnitud del desastre cambian y con ellos la lectura política y operativa de la emergencia.
El Ejecutivo no ha informado aún si convocará una mesa de trabajo con Medicina Legal, la UNGRD y el DANE para depurar las listas. Tampoco se conoce si el Ministerio del Interior, como cabeza del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, emitirá un comunicado unificado. Las reacciones en regiones golpeadas por el sismo, donde alcaldías y gobernaciones vienen manejando sus propios conteos, dependerán de esa aclaración técnica.
Por ahora, la frase del presidente se suma a una cadena de reportes parciales que ha rodeado la emergencia desde el primer día del sismo. Los colombianos esperan que las autoridades competentes aclaren el método y los criterios del nuevo balance, y que se defina una sola vocería para que la cifra de víctimas deje de moverse entre fuentes distintas.