El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio una directriz clara a las fuerzas de seguridad: localizar a los migrantes que residen en el país sin un estatus migratorio regular y proceder a su deportación. Así lo reportó Telemundo, que recogió las declaraciones del mandatario sobre el alcance del nuevo operativo.
La orden, según la misma fuente, no se limita a la población migrante con antecedentes judiciales. El Gobierno también dirigirá acciones contra quienes se encuentren en territorio colombiano sin la documentación exigida por las autoridades migratorias, incluso si no enfrentan cargos activos.
Colombia alberga desde hace varios años una de las poblaciones de migrantes venezolanos más grandes del mundo, producto de la crisis política y económica del país vecino. Esa población incluye a personas con Permiso Especial de Permanencia, con solicitudes de refugio en trámite, y a quienes nunca regularizaron su situación por distintas razones, entre ellas el costo de los trámites y los requisitos de ingresos.
Activistas de derechos humanos consultados por Telemundo reaccionaron con preocupación. Señalaron que equiparar migración irregular con criminalidad abre la puerta a la estigmatización de una población que ya enfrenta discriminación laboral, barreras de acceso a salud y episodios de violencia en distintas ciudades del país.
Inmigrantes venezolanos citados por el medio afirmaron que la medida puede disparar la xenofobia. Denunciaron que con frecuencia se les asocia con delitos como hurto o violencia, cuando las cifras oficiales disponibles no respaldan esa percepción de forma generalizada. Pidieron que cualquier operativo respete el debido proceso y la presunción de inocencia.
El anuncio llega en un contexto regional de endurecimiento de las políticas migratorias. Varios países de América Latina han incrementado los controles fronterizos y los requisitos de entrada en los últimos meses, en parte por la presión de flujos migratorios crecientes desde otros continentes, como el asiático y el africano.
La directriz presidencial pone en el centro del debate el rol de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia, entidades que deberán coordinar los procedimientos de detención, verificación de estatus y eventual deportación. Aún no se conocen públicamente los protocolos que se aplicarán ni las garantías para personas solicitantes de refugio o con unidades familiares en el país.
Organizaciones civiles pidieron al Gobierno diferenciar con claridad entre quienes cometen delitos, quienes están en situación irregular y quienes tienen solicitudes de protección internacional en curso. Advirtieron que confundir las tres categorías pone en riesgo a personas vulnerables, entre ellas menores de edad y víctimas de trata.
Queda por conocer el cronograma del operativo, las ciudades priorizadas y el número estimado de personas que podrían ser detenidas o deportadas. También se espera el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Corte Constitucional sobre la compatibilidad de estas acciones con la jurisprudencia nacional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos firmados por Colombia.
Por ahora, el hecho que dejó el anuncio es una definición política firme del nuevo Gobierno: la condición migratoria dejará de ser, en la práctica, una cuestión administrativa para convertirse en prioridad de seguridad, con todo lo que eso implica para una población extranjera estimada en millones de personas.