Según el reporte de The Haitian Times, el presidente de Colombia prometió públicamente su respaldo a los sospechosos del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, asesinado en su residencia de Puerto Príncipe en julio de 2021, y los describió como «héroes». La información fue atribuida por ese medio a declaraciones del propio mandatario colombiano.
El magnicidio de Moïse conmocionó a Haití y al resto del continente americano. En los meses posteriores a su muerte, las autoridades haitianas detuvieron a más de una decena de personas, entre ellas ciudadanos colombianos, haitianos y exmilitares de otros países, acusados de participar en distintos grados del operativo. Varios sospechosos colombianos han reclamado durante el proceso judicial la asistencia consular y la protección del Estado colombiano.
La declaración del presidente colombiano se inscribe en un escenario bilateral complejo. Colombia y Haití no mantienen relaciones diplomáticas plenas desde 2023, cuando el gobierno haitiano ordenó el cierre de su embajada en Bogotá tras diferencias sobre la atención a los ciudadanos colombianos detenidos. La cancillería colombiana ha reiterado en distintos momentos su compromiso con la defensa de los connacionales en el exterior.
Calificar de «héroes» a personas procesadas por un magnicidio constituye un hecho inusual en la política exterior colombiana. Presidentes anteriores evitaron pronunciarse públicamente sobre la culpabilidad o inocencia de connacionales mientras los procesos judiciales en otros países estuvieran en curso, apostando por una defensa centrada en el debido proceso y no en el reconocimiento simbólico.
En el plano interno, la declaración puede tener repercusiones políticas. Sectores de oposición y organizaciones de víctimas han cuestionado históricamente las declaraciones presidenciales que, consideran, podrían condicionar el desarrollo de juicios en jurisdicciones extranjeras. Otros sectores han apoyado un respaldo más firme a los nacionales encarcelados fuera del país.
El gobierno colombiano no ha detallado, hasta el momento de la publicación, qué tipo de «apoyo» se materializará. Entre las herramientas habituales del Estado en estos casos figuran la asistencia consular, la contratación de defensa privada, el seguimiento al debido proceso y las gestiones diplomáticas ante instancias multilaterales para eventuales repatriaciones.
La reacción de Haití y de los países que han seguido el caso, como Estados Unidos, que mantiene fiscales y agentes vinculados a la investigación, podría condicionar los próximos movimientos diplomáticos. La cooperación judicial internacional ha sido uno de los puntos sensibles del expediente, dado que varios sospechosos han alegado conexiones con sectores políticos y empresariales haitianos.
El caso Moïse continúa abierto en los tribunales haitianos. Hasta el cierre de esta nota no se conoce una fecha firme para las sentencias, y la situación de los procesados colombianos depende, según sus abogados, de recursos pendientes y de eventuales acuerdos con la fiscalía. La declaración del presidente colombiano añade un nuevo factor político a un expediente que aún espera decisiones judiciales.
Queda por verse si la promesa de apoyo se traducirá en acciones concretas, como una misión diplomática especial o un impulso a eventuales repatriaciones, y cuál será la respuesta oficial del gobierno haitiano, que en el pasado ha denunciado intentos de injerencia en su sistema judicial.