El presidente Abelardo de la Espriella pidió a la ministra de Transporte abrir una revisión nacional de las fotomultas, según reportó Infobae. En su solicitud, el Jefe de Estado planteó que las autoridades deben examinar la legalidad y el modo en que operan estos dispositivos en los municipios del país.
De la Espriella enmarcó el pedido en una idea central: el Estado debe servir al ciudadano y no convertirse en una trampa. Con esa frase, el Mandatario cuestionó el efecto que, a su juicio, producen las cámaras de detección de infracciones sobre los conductores.
La solicitud presidencial coincide con una decisión reciente de la exalcaldesa Elsa Noguera en relación con las fotomultas. De la Espriella respaldó de forma explícita esa determinación, lo que vincula su llamado nacional con un antecedente local concreto que ya estaba en el debate público.
Las fotomultas son sistemas de detección electrónica de infracciones de tránsito que operan con cámaras fijas o móviles. Cuando el dispositivo registra una presunta violación a las normas, la autoridad de tránsito emite una orden de comparendo que llega al propietario del vehículo, quien debe asumir el pago o presentar un descargo.
En los últimos años, distintos ciudadanos y organizaciones han denunciado fallas en la señalización, en la calibración de los equipos y en los procedimientos de notificación. También se han reportado casos de cobros reiterados en el mismo punto, así como demoras en los procesos de descargos, lo que alimenta la percepción de abuso.
El pedido del Presidente pone el foco en el Ministerio de Transporte, entidad encargada de formular políticas en materia de tránsito y transporte. Aunque las fotomultas operan por concesión con municipios y autoridades locales, el Ministerio puede emitir lineamientos y promover estándares comunes de operación y control.
En la práctica, una revisión nacional puede traducirse en auditorías a los contratos de concesión, revisión de los manuales operativos y exigencias de transparencia sobre los ingresos. También puede llevar a la suspensión temporal de los sistemas en jurisdicciones donde se presuman irregularidades, decisión que en cada caso corresponde a las autoridades locales.
Para los conductores, el eventual ajuste del sistema podría significar cambios en los topes de velocidad, en la periodicidad de los controles y en los plazos para contestar comparendos. Para los municipios, una intervención de este tipo impacta directamente los ingresos que perciben por concepto de multas.
Queda por verse cómo responde la ministra de Transporte al requerimiento presidencial y si la revisión derivará en un solo informe nacional o en acciones puntuales por ciudad. Infobae no detalla plazos concretos, por lo que el alcance temporal de la medida dependerá de los próximos anuncios oficiales.