El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, reaccionó desde Pitalito, Huila, a la decisión de las Comisiones Económicas del Congreso de recortar 170.000 millones de pesos del presupuesto de la JEP para la próxima vigencia fiscal. Según el titular del tribunal transicional, el ajuste deja al organismo sin capacidad operativa para cumplir sus funciones.
La reducción fue aprobada en el trámite del presupuesto general de la Nación y afecta directamente a una entidad surgida del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y tiene a su cargo investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Ramelli sostuvo que la decisión implica un golpe a la independencia judicial y al cumplimiento de los compromisos adquiridos con las víctimas. El tribunal transicional tiene en marcha decenas de macrocasos y comparecencias de excombatientes, militares, agentes del Estado y terceros que han reconocido su responsabilidad en hechos del conflicto. La JEP también ha proferido decisiones sobre máximos responsables, incluyendo condenas propias y restaurativas.
La afirmación del presidente de la JEP se produce en medio de un debate más amplio sobre el financiamiento de los acuerdos de paz. Diversos sectores han señalado que el cumplimiento de lo pactado en La Habana requiere asignaciones presupuestales estables para los organismos del Sistema Integral, entre ellos la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la propia JEP.
El recorte en las Comisiones Económicas es una primera instancia del trámite presupuestal. La propuesta debe pasar ahora a consideración de las plenarias de Cámara y Senado, donde podría ser modificada, rechazada o confirmada antes de que el Ejecutivo expida el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia siguiente.
Organizaciones de víctimas y sectores académicos han expresado en distintas oportunidades preocupación por los retrasos en los recursos asignados a la justicia transicional. La reducción ahora advertida por Ramelli reabre esa discusión y pone sobre la mesa el riesgo de que comparecencias, audiencias y decisiones del tribunal se vean frenadas por falta de personal, logística y capacidad técnica.
Para la ciudadanía, el impacto potencial se refleja en la continuidad de los procesos que buscan verdad, justicia y reparación por hechos del conflicto armado, así como en la entrega de informes y sentencias que han permitido esclarecer patrones de violencia y responsabilidades individuales y colectivas. La JEP ha subrayado que su labor beneficia especialmente a las víctimas, que esperan decisiones oportunas.
Queda por verse si el Congreso mantiene el recorte en las plenarias y si el Gobierno nacional, al liquidar el presupuesto, garantiza los recursos necesarios para que el tribunal pueda operar. Mientras tanto, el pronunciamiento de Ramelli desde territorio marca el inicio de una discusión que vincula justicia transicional, cumplimiento de los acuerdos de paz y prioridades fiscales del Estado.