El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, confirmó que elevará la situación del tribunal ante tres organismos internacionales: Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. El recurso busca respaldo externo para la justicia transicional colombiana en medio de los recortes presupuestales y operativos que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha venido aplicando.
La Corte Penal Internacional ya se pronunció en 2021 sobre el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. En esa ocasión respaldó el marco de la justicia transicional colombiana, creado tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016. Ese antecedente resulta clave para entender la estrategia de Ramelli, que ahora invoca ese aval previo como un argumento frente a la comunidad internacional.
La Jurisdicción Especial para la Paz nació como uno de los componentes centrales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición establecido en el acuerdo de paz. Su mandato incluye investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, tanto por excombatientes como por agentes del Estado.
El gobierno de De la Espriella ha impulsado recortes que afectan el funcionamiento del tribunal. Según el extracto de EL PAÍS, esas reducciones cuentan con el aval del Ejecutivo. La decisión ha generado alertas sobre el impacto en los procesos abiertos y en las víctimas que esperan avances en las investigaciones.
La movida de Ramelli ocurre en un contexto de tensiones entre el gobierno nacional y los organismos de control y justicia transicional. Llevar el caso a instancias internacionales es una señal de que la JEP considera que el debate excede el marco interno y requiere garantías externas para preservar su independencia.
Para las víctimas del conflicto, el funcionamiento de la JEP es un eje central del proceso de reparación. Cualquier debilitamiento operativo del tribunal puede traducirse en demoras en las audiencias, en los fallos y en la entrega de verdad y de sanciones restaurativas a los afectados.
La CIDH y la CPI tienen competencias distintas. La CIDH puede emitir declaraciones, informes y medidas cautelares en materia de derechos humanos. La Corte Penal Internacional interviene en casos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, y su respaldo de 2021 se refirió al marco general de la justicia transicional colombiana.
El paso dado por Ramelli coloca al gobierno de De la Espriella frente a un escenario de presión internacional. El resultado de esas gestiones ante la ONU, la CIDH y la CPI dependerá del avance de los recortes y de la respuesta que ofrezca el Ejecutivo sobre la sostenibilidad del tribunal de paz.
Queda por verse cómo reaccionará el gobierno nacional y si abrirá un canal de diálogo con la JEP para revisar el alcance de los recortes. Mientras tanto, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz ya puso en marcha una defensa del tribunal en el escenario multilateral.