El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, afirmó que ese tribunal está dispuesto a sostener un encuentro con el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. Así lo reportó Infobae, que citou las palabras del magistrado sobre la disposición al diálogo.
Según la fuente, Ramelli planteó que el acercamiento debe darse dentro del marco de las competencias de la JEP y con respeto por la autonomía judicial. Con esas dos condiciones, la jurisdicción dejó abierta la puerta a una conversación formal con quienes asumirán las riendas del Estado el próximo periodo de gobierno.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada como uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, derivado del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Su mandato central consiste en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en el marco del conflicto armado.
La JEP tiene competencia sobre distintos grupos de comparecientes: exintegrantes de las FARC, agentes del Estado, terceros civiles y, en algunos escenarios, miembros de otras estructuras armadas. A lo largo de los años, ha emitido decisiones y ha llevado a cabo audiencias en macrocasos como el de secuestro, reclutamiento forzado y ejecución extrajudicial, entre otros.
La propuesta de diálogo se conoce en medio de señales de distancia entre sectores del Gobierno entrante y ese tribunal transicional. A lo largo de la campaña y el periodo de transición, voceros del movimiento que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia han expresado reparos sobre distintos aspectos del Acuerdo de Paz y del funcionamiento de la JEP, según el cubrimiento de distintos medios.
Para la ciudadanía, el funcionamiento de la JEP tiene efectos directos en tres frentes: las víctimas, que esperan verdad, justicia y reparación; los comparecientes, que enfrentan un proceso con restricciones y beneficios condicionados al cumplimiento de sus compromisos; y la institucionalidad, cuyo equilibrio entre las ramas del poder es un principio constitucional.
Que la propia jurisdicción proponga un espacio de conversación busca, en palabras recogidas por Infobae, un diálogo constructivo. La condición de ceñirse a las competencias de la JEP y a la autonomía judicial marca el límite que el tribunal considera no negociable en cualquier mesa de trabajo.
Por ahora, la pelota está en la cancha del equipo del presidente electo. Queda por verse si el Gobierno que asumirá responde formalmente a la invitación, qué temas se incluyen en la agenda y bajo qué formato se daría la reunión, si se concreta. La fuente consultada no mencionó fecha ni lugar para un eventual encuentro.