El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, emitió una orden directa para que se trabaje en evitar cualquier riesgo de racionamiento eléctrico en el país, según reportó el medio Defensores de la Patria. La instrucción sitúa el tema energético como una de las prioridades tempranas del próximo Gobierno.
El racionamiento eléctrico es una medida mediante la cual se restringe el suministro de energía en distintas zonas del territorio durante periodos de escasez. En Colombia, los antecedentes más recordados se remontan a finales de los años noventa, cuando el país atravesó apagones programados como consecuencia del Fenómeno de El Niño y de las limitaciones del sistema interconectado.
Desde entonces, el sector eléctrico colombiano funciona bajo un modelo mixto, con participación de generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras, además de entidades reguladoras como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas y Energía, que define la política del sector.
El sistema interconectado nacional (SIN) es el backbone del servicio eléctrico y conecta la mayor parte del territorio colombiano. Su operación está a cargo de XM, filial de ISA, y se coordina con el Consejo Nacional de Operación Eléctrica (CNO). Cuando las condiciones hidrológicas, térmicas o de transmisión se deterioran, los operadores pueden activar alertas tempranas.
La orden del presidente electo llega en un momento en el que expertos y operadores han advertido sobre los efectos de eventos climáticos extremos, particularmente los Fenómenos de El Niño, que reducen los niveles de los embalses. Durante el año 2024, Colombia enfrentó condiciones asociadas a El Niño, con descensos en los embalses que llevaron al Gobierno nacional a decretar la primera alerta por riesgo de racionamiento en agosto de ese año.
Esa alerta se levantó meses después, en febrero de 2025, tras el inicio de un Fenómeno de La Niña que mejoró los niveles de los embalses. La situación dejó como lección que el sistema sigue siendo vulnerable a la variabilidad climática y a la dependencia de la generación hidráulica.
Para la ciudadanía, una decisión de racionamiento tendría efectos directos sobre la vida cotidiana, la actividad comercial, la industria y los servicios públicos, incluidos hospitales y entidades educativas. Las zonas más afectadas suelen ser las regiones con menor capacidad de respaldo de generación.
El alcance exacto de la orden de De La Espriella no se detalla en la información publicada por Defensores de la Patria. No se conocen aún los ministerios, entidades o actores del sector que serían involucrados en el plan preventivo.
Queda pendiente conocer la estrategia concreta que adoptará el nuevo Gobierno, las inversiones previstas en generación, transmisión y mantenimiento, y los mecanismos de coordinación con empresas prestadoras del servicio. También se espera el pronunciamiento del Ministerio de Minas y Energía sobre las acciones que se ejecutarán durante el periodo de empalme y los primeros meses de gestión.
La fuente consultada para esta nota es el medio Defensores de la Patria, que reportó la instrucción presidencial. El contenido completo de las declaraciones y los lineamientos técnicos del nuevo Gobierno se esperan en los próximos días.