Según la fuente Pluralidad Z, el presidente electo Abelardo De la Espriella anunció que radicará en el Congreso un acto legislativo con el objetivo de que Barranquilla sea reconocida como capital alterna de Colombia, compartiendo esa condición con Bogotá.
La figura de capital alterna no existe actualmente en la Constitución ni en la ley colombiana. Bogotá concentra desde 1991, según el artículo 323 de la Carta, las funciones de capital del Estado colombiano. Otras ciudades han cumplido funciones administrativas temporales por razones coyunturales, pero sin un rango constitucional formal.
En el siglo XX se habló de manera recurrente de una capital alterna para descentralizar el poder político y descongestionar a Bogotá. Distintas propuestas quedaron archivadas en el Legislativo sin avanzar. La discusión resurge ahora con el anuncio del próximo gobierno, en la etapa previa a la posesión presidencial.
El mecanismo elegido, un acto legislativo, implica una reforma a la Constitución. Eso requiere ocho debates en el Congreso, aprobación en dos legislaturas consecutivas y el aval de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. El trámite puede extenderse por más de un año si no se acelera con audiencias simultáneas.
La propuesta tiene impacto directo sobre Barranquilla y sobre la región Caribe. Si la reforma avanza, la ciudad podría albergar sedes alternas de entidades del orden nacional, lo cual modificaría el flujo de funcionarios, contratistas y usuarios de servicios públicos.
El anuncio también reordena el mapa institucional. Hoy buena parte de las entidades del Estado operan solo en Bogotá. Una capital alterna abriría la puerta a que ministerios, superintendencias y agencias desplieguen operaciones permanentes en otras ciudades del país, con los efectos presupuestales y logísticos que eso implica.
Desde el punto de vista político, la iniciativa necesitará consensos con bancadas de diferentes regiones. Movimientos del Caribe, el Pacífico y el sur del país han reclamado históricamente mayor presencia del Estado en sus territorios, por lo que el debate podría abrirse a nuevas ciudades candidatas.
La fuente no registra reacciones de otros líderes políticos ni de gremios. Tampoco menciona fechas para la radicación del proyecto ni los artículos concretos que se reformarían. Esos detalles quedaron pendientes en el anuncio del presidente electo.
Queda por verse si el texto será presentado antes de la posesión, en sesiones ordinarias del Congreso, o si entrará en la agenda legislativa del nuevo gobierno. La propuesta se medirá en el trámite formal del Legislativo y en la capacidad del Ejecutivo de construir mayorías alrededor de la idea.