El presidente electo Abelardo de la Espriella fijó el alcance de la política de seguridad que aplicaría al iniciar su mandato. Según escribió en su cuenta de Facebook, la única puerta que se les abriría a los grupos armados ilegales sería el sometimiento a la justicia, descartando otras modalidades de acercamiento.
De acuerdo con el extracto publicado en esa misma red social, la estrategia nacional estaría orientada a dos ejes centrales: la recuperación del control territorial y el fortalecimiento de la Fuerza Pública. Con esas dos líneas, el nuevo gobierno pretende delinear el trato con las estructuras armadas que hoy delinquen en distintas regiones del país.
El control territorial ha sido una de las líneas más discutidas en la historia reciente de la política de seguridad en Colombia. Regiones con presencia histórica de grupos armados ilegales han visto cómo la disputa por el territorio ha afectado a comunidades campesinas, pueblos indígenas y a la población civil en general, que en muchos casos queda en medio del conflicto.
El fortalecimiento de la Fuerza Pública, por su parte, supone decisiones sobre presupuesto, pie de fuerza, equipamiento y presencia institucional en zonas donde hoy el Estado tiene una presencia limitada. Esos cuatro elementos suelen ser los que determinan si una fuerza pública tiene la capacidad real de sostener un territorio recuperado.
En el contexto del conflicto colombiano, la figura del sometimiento a la justicia está regulada por el ordenamiento jurídico. Consiste en que los integrantes de un grupo armado aceptan su responsabilidad ante la justicia ordinaria y reciben un tratamiento penal diferenciado respecto a quienes son capturados en operaciones militares o policiales. Esa ha sido la ruta utilizada por distintos grupos a lo largo de las últimas décadas.
Las declaraciones del presidente electo se dan antes de su posesión, en un momento en el que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vienen atravesando un proceso de transformación interna. Cualquier decisión sobre pie de fuerza o reorganización de capacidades tendría que coordinarse con los mandos militares y de policía, quienes son los responsables operativos de la seguridad.
Para los ciudadanos, el impacto de una política como la anunciada se mide en la vida cotidiana: presencia o ausencia del Estado en los municipios, protección de líderes sociales, seguridad en las vías y disminución de hechos violentos como extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados.
Por ahora, no se conocieron reacciones oficiales de las agrupaciones armadas señaladas en el mensaje del presidente electo. Tampoco se detallaron los plazos ni los mecanismos específicos para implementar el sometimiento ni las metas de recuperación territorial, aspectos que quedarán por definirse en el arranque del nuevo gobierno.
El siguiente paso será el inicio formal del mandato, momento en el que estas declaraciones podrían traducirse en decretos, proyectos de ley o reformas a la política de seguridad que se envían al Congreso de la República para su trámite.