Durante la campaña, Abelardo de la Espriella planteó la revisión de los retiros de cientos de miembros de la Fuerza Pública que se concretaron en la administración de Gustavo Petro. La promesa fue clara: cada caso sería evaluado de manera individual para determinar si elUniformado debería regresar al servicio activo.
Según el reportaje de El País, las cifras de retiros hacen inviable una revisión manual en los cinco meses que faltan para la posesión presidencial. La cantidad de expedientes acumulados excede la capacidad operativa de los equipos jurídicos y de talento humano de las Fuerzas Militares y la Policía.
La estructura jerárquica añade otro obstáculo. En el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, cada grado tiene un tope de efectivos definido por ley. Reincorporar a alguien implica, en muchos casos, ubicar a un oficial o suboficial en un cargo que ya está ocupado o que dejó de existir tras la reorganización.
Las reglas de ascenso también pesan. La antigüedad y el orden de mérito son la base de la carrera militar. Devolver a un retirado o separado sin respetar ese orden alteraría la línea de mando y abriría reclamaciones de quienes sí siguieron los conductos regulares durante el período anterior.
Para los uniformados retirados la promesa generó expectativa. Algunos reclamaron que su salida del servicio respondió a decisiones discrecionales o a presiones internas. Otros, en cambio, consideran que reincorporarlos sin el debido proceso debilita la meritocracia y la disciplina, dos pilares de la vida castrense.
El artículo de El País recoge el contraste entre el compromiso electoral y la viabilidad técnica. La revisión caso por caso, según expertos citados por el diario, requeriría personal dedicado, plazos largos y un marco normativo que el gobierno entrante aún no ha detallado.
En el frente político, la situación abre un debate. Sectores cercanos al presidente electo insisten en que se trata de una decisión de justicia con quienes fueron retirados de manera injusta. Críticos advierten que la medida, sin filtros, podría afectar la moral de la tropa y la carrera de quienes están en servicio.
También queda sobre la mesa el papel del Ministerio de Defensa y del nuevo comandante de las Fuerzas Militares que nombrará Abelardo de la Espriella. Cualquier proceso de reenganche pasa por un decreto presidencial, por una solicitud formal de la institución armada y por el cumplimiento de los requisitos legales de cada caso.
Por ahora, la promesa espera un pronunciamiento oficial del equipo de transición. Mientras no exista un decreto, una metodología pública y un equipo asignado, el compromiso de revisar expediente por expediente sigue siendo, según El País, más un anuncio de campaña que una operación en marcha.