La reforma pensional fue aprobada por el Congreso de la República y, según el extracto publicado por Pension Policy International, hoy solo rigen algunos de los cambios que contiene. El resto depende de lo que resuelva la Corte Constitucional frente a las demandas que ya estudia sobre esa ley.
Colpensiones, la entidad pública que administra las pensiones del régimen de prima media, aparece en el centro del debate. El proyecto señala que, con la reforma, Colpensiones asumiría un papel distinto dentro del sistema pensional, con cambios en la afiliación y en el reconocimiento de las pensiones de los trabajadores colombianos.
En la práctica, la reforma creó un modelo de competencia entre el régimen público, encabezado por Colpensiones, y los fondos privados que hoy manejan las cotizaciones. La idea es que las nuevas cotizaciones de los trabajadores con ingresos hasta cierto umbral vayan a Colpensiones, y que las AFP sigan administrando recursos de quienes superen ese tope.
El arranque del gobierno De la Espriella coincide con un momento clave para esa transición. El 7 de agosto comienza la nueva administración y, al mismo tiempo, la Corte Constitucional debe decidir si la ley se ajusta o no a la Constitución. Hasta que no haya un fallo, muchas de las disposiciones más sensibles siguen congeladas.
Para los ciudadanos, el efecto inmediato es la incertidumbre. Quienes están próximos a pensionarse quieren saber bajo qué reglas se les va a liquidar su mesada. Los trabajadores activos, en cambio, necesitan entender en qué entidad quedará cada parte de su cotización, según el nivel de ingresos que tengan.
También está sobre la mesa el impacto fiscal de la reforma. Trasladar más cotizaciones al sistema público implica que Colpensiones tendrá que administrar más recursos y, a la vez, pagar más pensiones en el futuro. Organismos como la Ocde y analistas locales han advertido que la sostenibilidad financiera del sistema depende de que estos flujos se manejen con transparencia y reglas claras.
Desde el sector privado, las administradoras de fondos de pensiones sostienen que la reforma limita la competencia y reduce la rentabilidad esperada para los afiliados. Sectores sindicales y defensores de Colpensiones, en cambio, han pedido que el pilar público se fortalezca y se amplíe la cobertura para los trabajadores con menores ingresos.
Lo que viene en las próximas semanas es clave. El gobierno entrante tendrá que pronunciarse sobre cómo continúa la implementación, qué reglamentos expide y cómo se coordina con la Corte. Mientras el alto tribunal no falle, el país seguirá aplicando solo una parte de la reforma, y millones de colombianos quedarán a la espera de una definición que les afecta de manera directa.
La fuente consultada, Pension Policy International, seguirá el seguimiento técnico de estos cambios en la medida en que se produzcan nuevos fallos, decretos o instrucciones del gobierno De la Espriella sobre Colpensiones y el resto del sistema pensional colombiano.