El abogado penalista Francisco Bernate cuestionó el decreto de porte de armas expedido por el presidente Abelardo de la Espriella. En su lectura, la medida transmite un mensaje de "sálvese quien pueda" frente a la situación de orden público que atraviesa el país, según recogió Infobae.
Bernate sostuvo que delegar la protección ciudadana en particulares supone admitir que las instituciones del Estado no pueden responder a la crisis de seguridad. Para el jurista, esa transferencia rompe con el principio constitucional según el cual la defensa de la vida y la integridad de los habitantes es responsabilidad indelegable del Estado.
El decreto firmado por el presidente De la Espriella flexibiliza los requisitos para que los colombianos puedan portar armas de fuego. El Gobierno defiende la medida como una respuesta a la sensación de desprotección y al deterioro de los indicadores de criminalidad en varias regiones del país.
Desde la academia y el sector de derechos humanos han surgido voces que advierten sobre los riesgos de una mayor circulación de armas en manos de civiles. Estudios citados por organismos internacionales asocian el aumento del porte armas con incrementos en homicidios, suicidios y accidentes domésticos.
Para Bernate, el problema de fondo es la capacidad operativa de la fuerza pública y del sistema de justicia. A su juicio, en lugar de ampliar el armamento privado, el Ejecutivo debería concentrar esfuerzos en fortalecer la investigación criminal, la inteligencia y la presencia territorial en zonas donde operan grupos armados y organizaciones delincuenciales.
La decisión del Gobierno reabre el debate sobre el modelo de seguridad que debe asumir Colombia. Mientras sectores cercanos al Ejecutivo defienden que los ciudadanos necesitan herramientas inmediatas para defenderse, críticos como Bernate consideran que la medida institucionaliza un abandono del Estado frente a su obligación constitucional.
Queda por conocer cómo reaccionarán las cortes, la Fiscalía y los organismos de control frente al decreto. También se espera el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y de las asociaciones de víctimas, que suelen intervenir en debates sobre política de armas y seguridad ciudadana.
El contraste entre la postura del Gobierno y la del penalista refleja una discusión de fondo sobre el rol del Estado en la protección de la vida. Para unos, la prioridad es dotar a los ciudadanos de medios de defensa; para otros, la urgencia es reconstruir la capacidad institucional que hoy parece desbordada.