De acuerdo con El País, el próximo gobierno evalúa reactivar el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, conocido como Esmad, y relegar la línea de atención prioritaria al diálogo que se mantuvo durante las últimas movilizaciones. La decisión marca un giro en la estrategia estatal frente a la protesta, uno de los temas más sensibles del orden público colombiano de los últimos años.
El Esmad fue creado en 1999 y su historial operativo ha estado marcado por denuncias de uso excesivo de la fuerza. Organizaciones de derechos humanos y misiones internacionales han cuestionado su actuación en episodios como los del 28 de septiembre de 2020 y del 9 de septiembre de 2022, cuando civiles perdieron la vida en el contexto de jornadas de paro nacional. Estos antecedentes pesan en cualquier decisión sobre su reactivación.
Durante los últimos años, el Ministerio del Interior y la Policía habían promovido un protocolo de intervención basado en el diálogo previo con los organizadores de marchas, la mediación de gestores de convivencia y el uso gradual de la fuerza. Esa línea buscó reducir la judicialización de manifestantes y abrió la puerta a incidentes como los del 1 de mayo, cuando una persona perdió un ojo por un proyectil disparado por un uniformado, según reportes del momento.
El retorno del Esmad, tal como lo planteó la fuente, implica dotar a la Policía de una unidad especializada para dispersar bloqueos y concentraciones, un rol que otras dependencias han intentado absorber. La promesa incluye la posibilidad de revisar los manuales de uso de fuerza, capacitación y equipos antidisturbios, aunque el extracto no detalla los ajustes concretos que se aplicarían.
Para la ciudadanía, el anuncio tiene efectos prácticos en tres frentes: la forma en que se garantizan las vías, el nivel de riesgo para quienes protestan y el margen de actuación para los agentes del Estado. Sectores estudiantiles, sindicales y de derechos humanos venían pidiendo justamente lo contrario, es decir, desmontar el escuadrón y avanzar hacia modelos civiles de gestión de multitudes.
En el ámbito institucional, la medida exige un nuevo decreto o resolución del Ministerio de Defensa y de la Dirección de la Policía para restablecer la unidad, definir su dependencia orgánica y asignar recursos logísticos. Cualquier cambio en esa estructura pasa por el control de legalidad de la Justicia ordinaria, incluida la Corte Constitucional, que en sentencias recientes condicionó el uso de la fuerza en manifestaciones a criterios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
La discusión política ya comenzó. Sectores que respaldan al nuevo gobierno destacan la necesidad de garantizar la movilidad y proteger la infraestructura, mientras que organizaciones de derechos humanos insisten en que la experiencia pasada dejó saldos inaceptables. La fuente consultada, El País, presenta la movida como parte de un giro más amplio de mano dura en la política de seguridad.
Quedan varios puntos por definirse: el calendario de reactivación, la sede de la unidad, los protocolos vigentes y la articulación con las alcaldías, que son las primeras responsables del manejo del espacio público en las ciudades. Cualquier fecha concreta sobre ese proceso aún no fue publicada por el gobierno entrante, según el extracto disponible.