El general en retiro Jorge Eduardo Mora, recién posesionado como ministro de Defensa, aseguró que se revocarán las normas que, a su juicio, restringieron la actuación de la fuerza pública durante protestas y disturbios. El anuncio lo entregó en declaraciones recogidas por Infobae y reorienta el manejo del orden público en el país.
Según el funcionario, esas restricciones dejaron sin herramientas a la fuerza pública para intervenir bajo estándares internacionales. Con la decisión, el Esmad, cuerpo antimotines de la Policía Nacional, volverá a operar como escuadrón especializado en el control de multitudes.
La medida implica, además, la disolución de la Unidad para el Diálogo y el Mantenimiento del Orden (Undmo), la figura creada para reemplazar al Esmad durante la administración anterior. La Undmo fue concebida como un cuerpo con énfasis en el diálogo y la mediación antes del uso de la fuerza.
Mora defendió que la actuación de las fuerzas de seguridad debe sujetarse a protocolos y estándares internacionales de protección de derechos humanos. Sin embargo, planteó que esos protocolos deben permitir la respuesta operativa frente a hechos de violencia en las calles.
Sectores cercanos al gobierno anterior, conocidos como el petrismo, reaccionaron con críticas al anuncio. Para esos sectores, la eliminación de la Undmo representa un retroceso en la búsqueda de mecanismos menos confrontativos para el manejo de la protesta social.
La decisión se produce en un contexto de debate nacional sobre los límites entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el orden público. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de operativos violentos en escenarios de movilización ciudadana.
El Ministerio de Defensa aún no ha publicado el decreto formal con los detalles de la transición. Tampoco se ha precisado el cronograma para la reactivación del Esmad ni el destino del personal que integraba la Undmo.
Analistas consultados en otras ocasiones han señalado que la experiencia internacional muestra que los escuadrones antimotines requieren capacitación constante, supervisión externa y protocolos verificables para reducir riesgos de uso desproporcionado de la fuerza.
Queda pendiente conocer el texto oficial del decreto, los mecanismos de control que se implementarán y la posición de los organismos de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo frente a la decisión ministerial.