El Gobierno de Abelardo De La Espriella se fijó como objetivo alcanzar 15 operaciones aéreas contra el Eln y las disidencias de las Farc, según reportó El Tiempo. Hasta el momento se han ejecutado tres, por lo que faltarían 12 para completar la meta dentro de los primeros 100 días de mandato.
Las operaciones aéreas hacen parte de la estrategia de presión militar sobre los grupos armados ilegales que delinquen en distintas regiones del país. El Eln y las disidencias de las Farc son considerados por el Estado colombiano como las principales amenazas a la seguridad en zonas rurales y de frontera.
El concepto de bombardeo o operación aérea selectiva se refiere a acciones militares realizadas desde aeronaves oficiales contra objetivos previamente identificados. Estas operaciones requieren coordinación entre inteligencia militar, fuerza aérea y tropas en tierra, y suelen estar rodeadas de controles legales para evitar afectaciones a civiles.
La meta de 15 operaciones en 100 días equivale a un promedio de una operación cada seis o siete días, un ritmo exigente para cualquier fuerza aérea. El cumplimiento de este tipo de metas suele depender de la disponibilidad de inteligencia confiable sobre los campamentos y rutas de los grupos armados.
Para los ciudadanos, el impacto de estas operaciones es doble. Por un lado, pueden representar una mayor sensación de seguridad en zonas donde delinquen estos grupos. Por el otro, cada operación aérea en zonas habitadas genera preocupación por posibles daños colaterales a comunidades campesinas e indígenas.
La estrategia se enmarca dentro de las competencias constitucionales de la Fuerza Pública, que tiene como deber proteger la vida, la honra y los bienes de los residentes en el territorio colombiano. La política de seguridad del nuevo Gobierno parece priorizar golpes directos a las estructuras armadas.
Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos suelen hacer seguimiento a este tipo de operaciones para verificar que se respeten los principios de distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario. El Gobierno tiene la obligación de reportar los resultados y posibles afectaciones.
De acuerdo con El Tiempo, el reto ahora es de carácter operativo y logístico. Ejecutar 12 operaciones adicionales en el tiempo restante requerirá inteligencia sostenida, condiciones meteorológicas favorables y la capacidad de identificar objetivos sin poner en riesgo a la población civil.
En los próximos días se espera conocer los balances oficiales sobre los resultados de las tres operaciones ya realizadas, incluyendo posibles bajas, capturas y decomisos. La comunicación transparente de estos resultados será clave para evaluar si la estrategia avanza según lo previsto.