Johan Sebastian Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. El hecho, reportado por el diario El País, ha generado interrogantes sobre la respuesta oficial de Colombia frente a un ciudadano muerto en el extranjero durante una operación migratoria.
Según la publicación, ni el presidente electo Abelardo de la Espriella ni una delegación suya que se encuentra en Washington se han pronunciado sobre el caso. El silencio se produce en un momento sensible de la relación bilateral, cuando ambos países sostienen diálogos sobre migración, seguridad y cooperación judicial.
El ICE es la agencia federal estadounidense responsable de las deportaciones y de los arrestos de personas sin estatus migratorio legal. En los últimos años, distintas organizaciones de derechos civiles han cuestionado el uso de la fuerza por parte de sus agentes, en especial en operativos contra población migrante. La muerte de Durán Guerrero se inscribe en esa discusión más amplia sobre los protocolos de uso de fuerza en procedimientos migratorios.
La Cancillería colombiana tiene, por tradición, la competencia de asistir a connacionales en el exterior, verificar su situación y, cuando ocurre una muerte violenta en otro país, exigir el debido proceso y la transparencia de la investigación. Hasta ahora, según El País, no se conoce un pronunciamiento oficial del gobierno electo sobre si pedirá explicaciones a Washington o si solicitará acceso a la información del caso.
La delegación del presidente electo que está en Washington adelanta, según lo informado por distintos medios, una agenda de acercamiento con el gobierno estadounidense de cara al inicio del mandato. Ese contexto hace más notoria la ausencia de una declaración, pues el equipo de transición tiene la posibilidad formal de elevar consultas o transmitir preocupaciones sobre la situación de nacionales colombianos en operativos del ICE.
El caso también pone sobre la mesa la situación de la migración colombiana en Estados Unidos. Cientos de miles de colombianos viven en ese país, muchos en condición irregular, y dependen de la protección consular cuando enfrentan procesos de deportación o incidentes con autoridades. La respuesta, o la falta de respuesta, del gobierno colombiano tiene efectos directos sobre la confianza de esa comunidad en sus instituciones.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes suelen recordar que, ante la muerte de un connacional en el extranjero, el Estado tiene el deber de acompañar a la familia, exigir claridad sobre los hechos y velar por una investigación independiente. Por ahora, los familiares de Johan Sebastian Durán Guerrero y la comunidad colombiana en Estados Unidos esperan un pronunciamiento que confirme si habrá o no acompañamiento oficial.
Queda pendiente, entonces, si el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella se referirá al caso en los próximos días, si solicitará información a las autoridades estadounidenses y si abrirá un canal de asistencia para los familiares. La decisión marcará un precedente sobre el tono de la relación con Washington en temas migratorios.