El presidente Abelardo De La Espriella hizo público un pronunciamiento dirigido al ministro de Defensa y al comandante general de las Fuerzas Militares, según registró El Colombiano. En su mensaje, el jefe de Estado solicitó acciones frente al saqueo que, de acuerdo con lo denunciado, estaría terminando por alimentar a carteles de cocaína.
La orden presidencial contempla la realización de un operativo militar para enfrentar las redes dedicadas a la extracción ilícita de hidrocarburos en activos de Ecopetrol. Aunque el extracto no precisa la magnitud del despliegue, sí confirma que la instrucción fue impartida a las cabezas visibles de la cartera de Defensa y de las Fuerzas Militares.
Ecopetrol es la empresa estatal de petróleo, gas y biocombustibles de Colombia y la principal fuente de ingresos fiscales del país. Su operación se extiende por campos de producción, oleoductos y refinerías en varias regiones, lo que la convierte en un blanco frecuente de organizaciones criminales que hurtan crudo para venderlo en el mercado negro.
El vínculo entre el robo de hidrocarburos y el narcotráfico ha sido documentado por las autoridades colombianas en distintas ocasiones. El crudo extraído de manera ilegal se emplea en ocasiones como insumo para mezclar sustancias, transportar precursores o lavar dinero proveniente del narcotráfico, lo que articularía las dos economías ilegales.
La decisión presidencial se produce en un contexto de presiones crecientes sobre Ecopetrol, que en los últimos meses ha enfrentado tanto caídas en sus indicadores financieros como cuestionamientos por su papel en la transición energética. El fenómeno del saqueo de petróleo se concentra históricamente en zonas como Putumayo, Norte de Santander y el Magdalena Medio.
Para la ciudadanía, el impacto del saqueo a Ecopetrol se traduce en menor recaudación de impuestos, riesgos ambientales por derrames en zonas rurales y un escenario de violencia en los municipios donde operan las redes de extracción ilegal. El involucramiento de las Fuerzas Militares busca, según el espíritu del pronunciamiento, cerrar el paso a esas estructuras.
El extracto no detalla las reacciones públicas de otros actores, como el Ministerio de Defensa, la propia Ecopetrol o sectores políticos. Tampoco se mencionan cifras específicas sobre volumen de crudo hurtado, montos estimados de pérdidas ni nombres de las redes criminales señaladas.
Quedan pendientes varios elementos del operativo: la fecha de inicio, el área geográfica priorizada, los recursos que se destinarán y la coordinación con la Fiscalía y la Policía para las capturas e investigaciones. El seguimiento de estas variables permitirá medir el alcance real de la instrucción presidencial.