El superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez, informó que su despacho examinará las notarías que fueron asignadas al cierre de la administración de Gustavo Petro. La decisión responde, según el funcionario, a la necesidad de verificar la transparencia del proceso en un momento cercano al cambio de gobierno.
La Superintendencia de Notariado y Registro es el organismo encargado de vigilar el servicio público notarial en Colombia. Entre sus funciones está la creación, supresión y asignación de notarías, así como el control disciplinario de los notarios. Cada designación debe surtir un concurso de méritos o un proceso reglado que respare los principios de mérito y transparencia.
El anuncio se da en un contexto habitual de fin de periodo presidencial, cuando suelen acelerarse nombramientos en distintas entidades del Estado. Organizaciones civiles y veedurías ciudadanas han señalado en otras oportunidades que esa transición abre la puerta a decisiones de último momento que comprometen la debida diligencia en los nombramientos.
Méndez explicó que la revisión apunta a determinar de quiénes se trata, en qué condiciones fueron asignadas esas notarías y si los nombramientos respetaron los procedimientos vigentes. No se conocieron, por ahora, cantidades exactas ni nombres de los notarios involucrados, pero la Superintendencia indicó que el ejercicio involucra a varias circunscripciones del país.
El sector notarial es relevante para los ciudadanos porque los notarios cumplen funciones de autenticación, registro de actos civiles y comerciales, y trámite de sucesiones y escrituras públicas. Una asignación irregular puede traducirse en demoras, nulidades o riesgos de seguridad jurídica para los usuarios, motivo por el cual la SuperNotariado mantiene una función preventiva y sancionatoria sobre estos despachos.
Desde el ámbito jurídico, la revisión se apoya en las facultades de inspección y vigilancia que la Constitución y la ley asignan a la Superintendencia. Si la indagación encuentra irregularidades, el despacho de Méndez podría abrir investigaciones disciplinarias contra los notarios designados o remitir los hallazgos a los órganos de control, como la Procuraduría General de la Nación.
La medida también ocurre en un escenario de transición institucional. El gobierno entrante ha reiterado el propósito de revisar decisiones tomadas en las semanas finales de la anterior administración. La SuperNotariado, en ese sentido, actúa como un primer filtro técnico antes de que eventuales controversias escalen a otros escenarios de control.
Por ahora, la Superintendencia no ha entregado un cronograma detallado de la revisión ni un listado de las notarías que serán objeto de análisis. El superintendente Méndez anticipó que los resultados se conocerán una vez concluyan las verificaciones, y que cualquier decisión se adoptará con base en el debido proceso y la documentación oficial.
El seguimiento de este proceso será clave para medir el pulso institucional del nuevo gobierno en el manejo del servicio notarial, uno de los más cercanos al ciudadano en el día a día. La ciudadanía, en particular quienes tramitan escrituras, sucesiones o registros, podría verse afectada si la revisión termina en cambios o en reasignaciones de esos despachos.