La Fiscalía General de la Nación le imputó un tercer delito a Laura Sarabia, quien se desempeñó como canciller de Colombia. El nuevo cargo es peculado por uso, figura contemplada en el Código Penal colombiano para sancionar a quien dispone de bienes públicos para fines distintos a los del servicio, según la reconstrucción del caso publicada por El Colombiano.
De acuerdo con la fuente, la imputación se deriva del uso de recursos del Estado para costear un viaje personal. Sarabia ya enfrenta otros dos cargos en el mismo expediente, por lo que la defensa deberá responder en una sola audiencia ante un juez de control de garantías. El expediente combina así tres hipótesis de la Fiscalía sobre el manejo de fondos oficiales.
El peculado por uso es una modalidad del delito de peculado que se aplica cuando el servidor público, en lugar de apropiarse del bien, lo emplea para un fin diferente al institucional. La ley prevé penas de prisión y multas, y su configuración depende de que se acredite el carácter público del recurso y el destino particular que se le dio.
El caso de Sarabia ha tenido varias etapas procesales desde que salieron a la luz las primeras denuncias. En audiencias previas se discutieron medidas cautelares y se escucharon las explicaciones de la defensa, que ha sostenido que los hechos no configuran delito o que las conductas ya fueron sancionadas por vías disciplinarias. La Fiscalía, por su parte, ha sostenido que existen elementos para llevar el proceso hasta el juicio.
La imputación de cargos no implica un juicio de responsabilidad penal. Es la comunicación formal de los delitos que la Fiscalía considera que una persona pudo haber cometido, para que la defensa ejerza su contradicción en igualdad de condiciones. La decisión final sobre responsabilidad corresponde a un juez, tras valorar pruebas y testimonios.
El expediente ha tenido repercusiones políticas por el alto perfil de Sarabia dentro del Gobierno nacional. Su trayectoria incluyó cargos de relevancia como jefa de gabinete en la Casa de Nariño, donde llegó a ser una de las funcionarias más cercanas al entonces presidente Gustavo Petro, antes de asumir la Cancillería.
Para la ciudadanía, el caso reabre el debate sobre el uso de recursos públicos y los controles sobre los servidores de alto nivel. Organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría suelen seguir de cerca este tipo de investigaciones, aunque su participación formal depende de las decisiones que adopten dentro de sus competencias.
La audiencia en la que se conocerá la posición de la defensa frente al nuevo delito quedó pendiente de programación. En esa diligencia, la defensa podrá aceptar o rechazar el cargo, y el juez evaluará si hay lugar a imponer medida de aseguramiento. Hasta tanto no haya una condena ejecutoriada, la investigada conserva la presunción de inocencia.
El Colombiano publicó su análisis jurídico del peculado por uso como parte del seguimiento al expediente. La nota explica que esta figura, aunque menos conocida que el peculado por apropiación, ha ganado relevancia en casos recientes de la opinión pública. La discusión sobre su aplicación concreta seguirá en el proceso penal.