El senador José Luis Pérez afirmó en el Senado de la República que “el territorio hoy es más grande que el Estado”, al referirse a la radiografía de seguridad que enfrenta Colombia. La frase, consignada por el portal oficial del Senado, condensa su lectura sobre las limitaciones del poder público en extensas zonas del país.
La expresión del legislador apunta a un debate de larga data en Colombia: la presencia efectiva de las instituciones en regiones apartadas. Policiales, militares, jueces y funcionarios civiles no logran cubrir la totalidad del territorio nacional, lo que ha permitido el asentamiento de grupos armados ilegales y economías ilegales.
Durante décadas, distintos informes de la academia, de organizaciones internacionales y de la propia fuerza pública han señalado que buena parte de los municipios colombianos registra una presencia débil o nula del Estado. En muchas subregiones, los servicios públicos esenciales llegan con dificultad, y la justicia solo se administra de manera parcial o intermitente.
La radiografía a la que se refirió el senador suele incluir indicadores como tasas de homicidio, presencia de cultivos de uso ilícito, dinámicas de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y control de rutas por organizaciones criminales. Estos indicadores muestran variaciones importantes entre las grandes ciudades, las zonas rurales y las regiones de frontera.
Para la ciudadanía, la frase del senador tiene consecuencias directas. Cuando el Estado no llega a un territorio, los habitantes quedan expuestos a disputas entre grupos armados, restricciones a la movilidad, extorsiones, confinamientos y limitaciones para acceder a derechos básicos como la salud, la educación o la justicia.
La seguridad en Colombia ha ocupado un lugar central en la agenda pública en los últimos años. La discusión incluye el papel de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, la coordinación con la Fiscalía General de la Nación y los alcances de la política de seguridad ciudadana, además de los diálogos y acercamientos con grupos armados.
La declaración de Pérez se inscribe en una sesión legislativa del Senado, corporación que cumple funciones de control político sobre el Gobierno nacional en materia de orden público. En este tipo de escenarios, los congresistas suelen citar datos, citar comparecencias de ministros y pedir explicaciones sobre la estrategia de seguridad vigente.
En su intervención, el senador expuso la necesidad de revisar el modelo de presencia territorial del Estado, sin detallar propuestas específicas en el extracto disponible. Su planteamiento reaviva la discusión sobre cómo fortalecer la institucionalidad en zonas donde hoy priman otros actores armados.
Queda pendiente conocer las reacciones oficiales del Gobierno nacional a la afirmación del congresista, así como los datos concretos que respaldan la radiografía citada. El debate se proyecta hacia las próximas sesiones del Senado, donde se espera que la Comisión de Defensa y Seguridad aborde el tema con mayor profundidad.