Las tres propuestas formuladas por el presidente Abelardo de la Espriella durante su campaña y al inicio de su mandato fueron puestas bajo la lupa de dos constitucionalistas consultados por Infobae Colombia. El análisis se centró en la Jurisdicción Especial para la Paz, la despenalización parcial del aborto y la creación de la cadena perpetua para delitos graves.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada por el Acto Legislativo 01 de 2017 como componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado con las FARC en los diálogos de La Habana. Para eliminarla o modificar su estructura sería necesaria una reforma constitucional, pues su existencia está prevista en la propia Carta Política. Los abogados consultados coincidieron en que cualquier cambio de fondo debe pasar por el Congreso de la República.
En cuanto al aborto, la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación mediante la Sentencia C-055 de 2022, que amplió los criterios de la Sentencia C-355 de 2006. Revertir esa decisión exige, según los analistas, una reforma constitucional, dado que la jurisprudencia se apoya en derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
La propuesta de cadena perpetua para delitos como el homicidio agraviado de menores o de mujeres víctimas de violencia de género también enfrenta un obstáculo constitucional. El artículo 34 de la Constitución prohíbe las prisiones perpetuas, y la Corte Constitucional ha reiterado esa prohibición en varias sentencias, por lo que establecer una pena de ese tipo requiere un acto legislativo previo.
Douglas Lorduy y Francisco Bernate subrayaron que la Corte Constitucional actúa como un límite material y formal para este tipo de iniciativas. Cualquier reforma que afecte derechos fundamentales o cláusulas pétreas como la prohibición de la prisión perpetua enfrenta un control de constitucionalidad estricto.
Para los analistas, el procedimiento legislativo en Colombia exige mayorías calificadas en varias etapas: aprobación en ocho debates en dos legislaturas consecutivas cuando se trata de reformas a la Constitución. Ese trámite puede tomar varios años y depende de la composición del Congreso.
Las propuestas del presidente se inscriben en un debate más amplio sobre el alcance de las garantías penales acordadas en el proceso de paz y sobre la protección de bienes jurídicos como la vida y la integridad de menores. Sectores defensores de derechos humanos han cuestionado históricamente la cadena perpetua, mientras que organizaciones de víctimas de hechos graves han reclamado penas más severas.
El país queda a la espera de que el Gobierno concrete estas propuestas en proyectos formales y los radique ante el Congreso. Hasta entonces, las iniciativas forman parte del debate público y político, y su viabilidad depende del respaldo legislativo y del control que ejerza la Corte Constitucional sobre cada eventual reforma.
Según Infobae, los abogados consultados plantearon que algunas modificaciones parciales a la JEP, sin eliminar la jurisdicción, podrían discutirse por vía legal ordinaria. Esa diferencia entre reforma constitucional y reforma legal es clave para entender el margen de maniobra del Ejecutivo frente a cada uno de los anuncios.