El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, afirmó que la supresión de ese tribunal transicional no puede hacerse mediante un decreto del Ejecutivo. Según el extracto publicado por ELTIEMPO.com, Ramelli insistió en que cualquier cambio de ese calibre requiere decisiones de mayor peso institucional y descartó la vía expedita del decreto presidencial.
La declaración se conoce en medio del debate sobre el rumbo de la justicia transicional en Colombia, un tema que ha generado expectativa desde el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones. El extracto indica que Ramelli planteó directamente una reunión con el presidente electo, lo que abre un canal de diálogo entre la JEP y el próximo Gobierno antes del inicio formal del mandato.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada por el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Su función central es investigar, juzgar y sancionar los graves delitos cometidos durante el conflicto armado por agentes del Estado, exintegrantes de las FARC y terceros civiles. La Corte Constitucional la reconoció como un componente esencial del sistema transicional.
La posibilidad de eliminar o reformar la JEP ha sido discutida en distintos sectores políticos. Jurídicamente, cualquier modificación de fondo pasa por el Congreso de la República o por una reforma constitucional, según han explicado constitucionalistas en otras ocasiones. Ramelli se apoya en esa lectura para sostener que un decreto presidencial resulta insuficiente.
La solicitud de diálogo con De la Espriella tiene relevancia práctica. Una reunión entre el magistrado y el presidente electo permitiría conocer la postura del nuevo Gobierno sobre la continuidad de los procesos abiertos, la situación de los comparecientes y los proyectos de ley que la JEP ha radicado ante el Legislativo. También abriría espacio para discutir el presupuesto del tribunal, que ha sido objeto de ajustes en los últimos años.
Para los ciudadanos, el desenlace de este debate es determinante porque la JEP tiene a su cargo miles de investigaciones por delitos como masacres, secuestros, reclutamiento de menores y violencia sexual. Las víctimas esperan decisiones judiciales que reconozcan sus derechos y avancen en la verdad, la reparación y la no repetición. Cualquier cambio institucional puede afectar la velocidad y el alcance de esos procesos.
El extracto de ELTIEMPO.com no detalla otros pronunciamientos del magistrado ni reacciones oficiales del equipo del presidente electo. Tampoco precisa la fecha ni el lugar de la reunión solicitada. Queda pendiente, entonces, la respuesta de De la Espriella y la confirmación del encuentro.
En el plano institucional, el llamado de Ramelli se interpreta como un intento de la JEP por fijar su posición frente al nuevo Gobierno antes del 7 de agosto, fecha de inicio del mandato. Los analistas suelen recordar que la jurisprudencia y los compromisos internacionales asumidos por Colombia con el Sistema Interamericano y con organismos de derechos humanos condicionan los movimientos sobre la justicia transicional.
Por ahora, la noticia deja dos puntos centrales sobre la mesa: la JEP considera que su eliminación no es asunto de un decreto, y su presidente quiere conversar directamente con quien asumirá la Presidencia de la República. El resultado de esa conversación, si se concreta, será clave para definir el futuro del tribunal de paz.