El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella trabaja en una reforma tributaria que propone simplificar el sistema de impuestos, fortalecer la lucha contra la evasión y crear condiciones para atraer inversión privada, según informó La Opinión. El proyecto aún no tiene texto radicado, pero el Ejecutivo ya fijó los lineamientos generales que guiarán su elaboración.
Entre los puntos en discusión aparece el futuro del impuesto al patrimonio, un tributo que se aplica de manera temporal y periódica a las personas naturales con patrimonios líquidos superiores a cierto umbral. La posibilidad de eliminarlo es una de las preguntas que ha abierto el nuevo gobierno, aunque todavía no hay una definición oficial sobre su tratamiento dentro del articulado.
La idea de simplificar el régimen tributario colombiano ha sido recurrente en distintos gobiernos. El país cuenta con una estructura que combina impuestos nacionales como el de renta, el IVA y el patrimonio, junto con gravámenes territoriales. Una reforma que apunte a la simplificación suele buscar menos trámites, menos exenciones y una tarifa más clara para los contribuyentes.
El combate a la evasión es otro de los pilares anunciados. La Dian, la entidad de recaudo, ha reportado históricamente niveles de evasión significativos en el impuesto de renta, tanto de personas naturales como de empresas. Cerrar esa brecha es una fuente recurrente de discusión porque permitiría ampliar la base de contribuyentes sin necesidad de subir tarifas.
El tercer eje, el estímulo a la inversión, se inscribe en un debate más amplio sobre la competitividad del país. Sectores como el industrial, el agroindustrial y el de infraestructura suelen pedir tratamientos tributarios diferenciados para proyectos de largo plazo. La reforma podría incluir deducciones, períodos de depreciación acelerada o regímenes especiales, según el rumbo que tome en el Congreso.
El trámite legislativo será determinante. Una reforma tributaria necesita debates en las comisiones económicas de Cámara y Senado, y suele convocar a distintos sectores para discutir el texto. Los gremios, los expertos tributarios y las organizaciones sociales suelen presentar propuestas durante el trámite, lo que modifica el proyecto inicial.
Para los ciudadanos, los efectos de una reforma de este tipo se sienten en varios frentes: el monto de impuestos que pagan las personas naturales, los precios de bienes y servicios gravados con IVA, la carga sobre las empresas y la manera como se distribuye el esfuerzo fiscal. La discusión sobre el patrimonio, en particular, concentra la atención de los contribuyentes de mayores ingresos.
Para el Estado, una reforma bien orientada puede traducirse en mayor recaudo y mayor confianza inversionista. Para los hogares, el saldo depende de cómo queden las tarifas, las bases y los beneficios. La eliminación del impuesto al patrimonio beneficiaría a quienes tienen patrimonios altos, mientras que su conservación mantendría un recaudo concentrado en un grupo reducido de contribuyentes.
Quedan varios pasos por delante. El Gobierno deberá radicar el proyecto, abrir espacios de diálogo con gremios y expertos, y sortear el calendario legislativo, que suele ser apretado en el primer año. La opinión pública estará atenta al texto definitivo y a la suerte del impuesto al patrimonio dentro de la propuesta.