Alfonso Prada, quien se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno de Gustavo Petro y hoy ocupa un cargo diplomático, se pronunció sobre el reciente anuncio del gobierno de Abelardo De la Espriella en torno al Acuerdo de Paz firmado con las extintas FARC en 2016. Según el extracto de Infobae, Prada afirmó que la decisión no solo cuestiona la legitimidad de los acuerdos alcanzados tras décadas de conflicto armado, sino que también expone al país a tensiones con organismos internacionales.
Las declaraciones del embajador se producen en un contexto de alta sensibilidad política. El Acuerdo de Paz de 2016, suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC, es uno de los pilares de la política de Estado en materia de reparación a víctimas, reincorporación de excombatientes y acceso a la tierra. Cualquier modificación en su implementación suele activar reacciones tanto dentro como fuera de Colombia.
Prada, al hablar de “riesgos institucionales”, aludió a las consecuencias formales que podría traer un giro en la política de paz. Entre los puntos que suelen quedar en juego están los compromisos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los mecanismos de monitoreo encabezados por la Misión de Verificación de la ONU y los reportes periódicos que Colombia presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El extracto de Infobae no detalla las medidas específicas anunciadas por el gobierno de Abelardo De la Espriella. Por tanto, este observatorio se limita a registrar la advertencia del embajador y las áreas institucionales que, según su lectura, quedarían comprometidas. Hasta el momento, el gobierno no ha emitido, en las fuentes consultadas, una réplica formal a las declaraciones de Prada.
Para los analistas consultados en distintos espacios académicos, las observaciones de un embajador en ejercicio suelen tener peso diplomático. Prada fue uno de los funcionarios cercanos al diseño de la política de “paz total” del gobierno Petro, que buscó ampliar los diálogos con distintos grupos armados y armados organizados. Su voz, por lo tanto, se lee como una alerta sobre la continuidad o el cambio de esa línea.
En el plano internacional, el Acuerdo de Paz cuenta con el acompañamiento formal de Naciones Unidas, la Unión Europea y varios países garantes, entre ellos Noruega y Cuba. Cualquier decisión que condicione su futuro, según han señalado en otras ocasiones esos mismos actores, puede reabrir el debate sobre el respaldo de la comunidad internacional a la implementación de lo pactado.
Desde la perspectiva de las víctimas, el condicionamiento anunciado abre interrogantes sobre qué pasará con los procesos de restitución de tierras, las sanciones propias de la JEP y los programas de reincorporación económica y social. Las organizaciones de víctimas, en escenarios previos, han pedido que cualquier ajuste preserve los derechos ya reconocidos en el marco del acuerdo.
En lo político, la declaración de Prada deja ver que el bloque cercano al gobierno saliente de Petro no descarta una confrontación discursiva sobre el rumbo de la paz. Mientras el gobierno entrante sostiene su posición sobre los acuerdos, la oposición y los defensores de derechos humanos suelen advertir sobre los costos de alejarse del marco vigente. Por ahora, el pulso es principalmente retórico y queda esperar reacciones oficiales.
Quedan varias preguntas abiertas: cuáles son los puntos concretos del acuerdo que el nuevo gobierno busca revisar, cuál será la posición de la JEP frente a eventuales cambios y cómo reaccionarán los países garantes. El observatorio seguirá el tema a medida que se conozcan más detalles del anuncio presidencial y de la respuesta institucional.