El ahora mandatario colombiano llega al poder con un panorama laboral que mezcla señales recientes y problemas de fondo. De acuerdo con los datos del DANE citados por El Universal, 24,4 millones de personas se encontraban ocupadas durante junio pasado. Esa cifra describe el volumen de gente con cualquier tipo de trabajo, pero no distingue entre un empleo formal con protección social y un rebusque de cada día.
En Colombia, el empleo formal es aquel que se registra con un contrato escrito, aportes a seguridad social y una relación directa con un empleador o como trabajador independiente con cotización. El resto, por descarte, cae en la informalidad: ventas ambulantes, trabajo doméstico sin prestaciones, contratos por días y oficios por cuenta propia sin aportes. Esa es la línea que divide a quienes tienen estabilidad y derechos laborales de quienes no.
Durante las últimas décadas, distintos gobiernos han intentado reducir la informalidad con programas de formalización empresarial, estímulos tributarios y acuerdos de competitividad por sectores. Los resultados han sido modestos: la tasa de informalidad se ha movido poco y supera la mitad de los ocupados en las mediciones del DANE. La pandemia agravó el problema y la recuperación posterior ha sido desigual entre regiones y entre sectores económicos.
El mercado laboral colombiano también convive con otras tensiones. El desempleo abierto afecta sobre todo a mujeres, jóvenes y personas sin formación técnica o profesional. En paralelo, hay escasez de talento en sectores como tecnología, salud y energía. Esa combinación de desempleo alto y vacantes sin llenar muestra que el problema no es solo de cantidad de puestos, sino de calidad y de pertinencia entre lo que se ofrece y lo que se demanda.
Para la ciudadanía, el impacto de esta discusión es directo. Un empleo formal implica acceso a salud, pensión, riesgos laborales y a una red de protección frente a accidentes o vejez. Un trabajador informal queda expuesto a crisis de salud, carece de ahorro pensional y suele tener ingresos más volátiles. Cerrar esa brecha cambia la vida diaria de millones de familias y la sostenibilidad del sistema de protección social.
El reto que tiene el nuevo gobierno, según la nota de El Universal, es justamente transformar ese mercado laboral. Las herramientas habituales para hacerlo pasan por la reforma pensional en curso, los programas de generación de empleo joven, los incentivos a la contratación formal y la articulación entre educación técnica y empresas. Cada una de esas políticas tiene efectos distintos según el tamaño de la compañía y el sector.
Las reacciones de los actores involucrados suelen ser opuestas. Los gremios empresariales piden menos cargas parafiscales y más flexibilidad para contratar. Las centrales obreras insisten en que cualquier salida debe preservar los derechos adquiridos y atacar la tercerización. Los analistas piden cifras comparables y metas claras para medir si la informalidad baja o se estanca.
Por ahora no hay un plan detallado publicado sobre cómo se intervendrá el empleo formal durante el mandato que comienza. Lo que sí está sobre la mesa es el punto de partida: 24,4 millones de ocupados y una estructura donde la informalidad sigue pesando más de lo que admiten los discursos oficiales. Lo que haga el gobierno en los primeros meses marcará la lectura que se haga de su gestión económica.