El modelo de subsidios de energía en Colombia permite que los usuarios de menores recursos paguen una parte del valor real del servicio. El resto lo cubre el Estado, que gira los recursos a las comercializadoras para que estas los apliquen en la factura final. Ese engranaje funcionó durante décadas como un flujo permanente entre el presupuesto nacional y el sector eléctrico.
Según La Silla Vacía, ese flujo se interrumpió. Las comercializadoras ya no están recibiendo del gobierno los dineros correspondientes a los subsidios del sector residencial. La novedad no es el corte en sí, ya conocido, sino la forma en que las empresas decidieron manejarlo: por ahora, lo absorben ellas mismas, sin reclamarle al gobierno ni trasladárselo a los usuarios.
El recorte ocurre en el primer verano de la administración de Abelardo de la Espriella. El verano es, por tradición, la temporada de mayor consumo eléctrico en los hogares colombianos por el uso de ventiladores y aires acondicionados. Sin el subsidio, el precio que paga la comercializadora por la energía que vende a los estratos bajos debería quedar descubierto. Que no se cobre al usuario no significa que la energía cueste menos: significa que alguien distinto al Estado asume la cuenta. Por ahora, son las propias empresas.
El mecanismo tiene consecuencias prácticas para las finanzas del sector. Las firmas reciben ingresos por la venta de energía, pero deben pagar a los generadores y a la red de transmisión a tarifas que ya no están compensadas por el subsidio público. Mientras el hueco lo cubra el capital privado, la diferencia se registra como una cuenta por cobrar o como una pérdida temporal en los balances.
Para los hogares de los estratos 1, 2 y 3, principales beneficiarios históricos de estos subsidios, el efecto inmediato es la estabilidad tarifaria. Las facturas no muestran, hasta ahora, un alza atada al recorte. La sostenibilidad de esa estabilidad depende de cuánto tiempo estén dispuestas las empresas a sostener el desfase sin que el Estado gire los recursos.
El sector eléctrico colombiano está altamente regulado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) fija las reglas de precios y subsidios, y el Ministerio de Minas y Energía define la política sectorial. Cualquier cambio en el flujo de subsidios pasa, en condiciones normales, por decisiones de ambas entidades y por partidas presupuestales específicas. La opacidad del ajuste, según la fuente, es lo que llama la atención.
Desde el lado del gasto público, el recorte libera recursos del Presupuesto General de la Nación. La discusión pendiente es doble: si esos recursos se reasignarán a otras prioridades del gobierno de Abelardo, y bajo qué condiciones se restablecerá el giro a las comercializadoras. Las empresas, por lo pronto, financian un subsidio que dejó de ser pagador.
Quedan sobre la mesa varias preguntas. Una es cuánto tiempo podrán las comercializadoras sostener esta situación sin que se afecte su operación. Otra es si el gobierno tiene previsto girar de forma extraordinaria los recursos acumulados. Y una tercera es si el recorte se revertirá antes de que termine el verano o si marcará una nueva etapa en la relación entre el Estado y el sector eléctrico colombiano.