La Asociación Colombiana de Industrias de la Salud y el Sector Social, Alidas, radicó ante el Gobierno nacional un documento con 30 propuestas dirigidas a ampliar la cobertura pensional en Colombia. El propósito declarado es que alrededor de diez millones de trabajadores que hoy no cotizan puedan hacerlo y, eventualmente, acceder a una pensión, según informó Infobae.
El texto plantea acciones diferenciadas para cada tipo de ocupación, lo que en la práctica significa que las recomendaciones no son uniformes sino que varían según si se trata de empleados formales, trabajadores por cuenta propia o personas vinculadas a sectores específicos. De acuerdo con la fuente, el documento incluye incentivos y un esquema de simplificación de reglas, con énfasis en las empresas pequeñas y en los trabajadores independientes, dos segmentos donde la informalidad y la falta de cotización son históricamente más altas.
El sistema pensional colombiano funciona bajo un esquema mixto: un pilar de prima media administrado por Colpensiones y un pilar de ahorro individual administrado por fondos privados. En las últimas décadas, las tasas de cotización han estado lejos de la cobertura universal, y buena parte de la fuerza laboral, especialmente en economía informal y microempresas, no realiza aportes continuos al sistema, lo que reduce la probabilidad de acceder a una pensión de vejez al cumplir la edad de jubilación.
Para los trabajadores independientes, la cotización al sistema de seguridad social ha sido opcional hasta la expedición de la Ley 2381 de 2024, que introdujo la obligación de cotizar a salud, pensión y riesgos laborales para quienes tengan contratos de prestación de servicios con entidades públicas o con personas naturales o jurídicas con ingresos superiores a un umbral definido. Esa reforma es parte del contexto normativo actual frente al cual se presentan estas propuestas, aunque el documento de Alidas se enfoca en incentivos y simplificación más que en obligatoriedad.
Las propuestas también contemplan a las micro y pequeñas empresas, un segmento que, según distintos análisis del sector productivo, enfrenta cargas administrativas elevadas para vincular formalmente a sus empleados y reportar novedades a las administradoras de pensiones. Reducir esos trámites y ofrecer estímulos, como aportes estatales parciales o beneficios tributarios, son fórmulas recurrentes en discusiones sobre formalización laboral en América Latina, aunque su efecto real depende del diseño específico y de la sostenibilidad fiscal.
Desde el punto de vista de la ciudadanía, el impacto potencial es amplio. Si las recomendaciones se convierten en política pública y logran aumentar la tasa de cotización, una proporción mayor de los trabajadores colombianos podría sumar semanas suficientes para acceder a una pensión de vejez, lo que cambiaría las condiciones de retiro de millones de hogares. Por el contrario, si las propuestas se quedan en el papel, la situación actual de baja cobertura se mantendría.
El documento será ahora objeto de análisis por parte del Gobierno, que deberá evaluar la viabilidad técnica y fiscal de cada una de las 30 recomendaciones. No se conocen por ahora pronunciamientos oficiales detallados sobre el contenido del texto, y queda pendiente si las propuestas serán incorporadas en proyectos legislativos, decretos reglamentarios o mesas de concertación con actores del sector productivo y laboral.
La discusión sobre el futuro pensional es uno de los temas centrales de la agenda social del país, considerando el envejecimiento poblacional, las presiones sobre los regímenes de prima media y de ahorro individual, y el déficit de cobertura en zonas rurales y entre trabajadores por cuenta propia. El aporte de Alidas se suma a otros insumos que gremios, sindicatos y académicos han entregado en los últimos años para repensar el sistema, en un debate que sigue abierto y que requerirá consensos en el Congreso y en el Ejecutivo.