El presidente Abelardo De La Espriella dio la orden de despejar la carretera que conecta a Barranquilla con Santa Marta, cerrada durante cuatro días por una protesta vecinal. La manifestación comenzó, según la fuente, por la falta de energía eléctrica que afecta a los habitantes del corredor vial entre las dos ciudades.
Al pronunciarse sobre lo ocurrido, el Jefe de Estado fue directo: En Colombia los problemas no se solucionan bloqueando las vías, dijo, al justificar la decisión de intervenir para restablecer la movilidad. La frase resume la postura del Gobierno frente a los bloqueos de carreteras como forma de presión ciudadana.
La vía Barranquilla–Santa Marta es uno de los trayectos más transitados del Caribe colombiano. Une el principal puerto del país con uno de los destinos turísticos más visitados de la región, por lo que su cierre afecta el transporte de carga, el turismo, la movilidad de trabajadores y el abastecimiento de alimentos y combustibles en ambas direcciones.
Junto con la orden de levantar el bloqueo, el Presidente anunció el envío de un nuevo transformador para resolver la falla eléctrica que originó la protesta. Los transformadores son piezas clave en las subestaciones que distribuyen energía a ciudades y municipios, y su daño o sobrecarga suele ser la causa de apagones prolongados en zonas con alta demanda.
La decisión se inscribe en una discusión recurrente en Colombia sobre los límites entre la protesta social y el derecho a la libre circulación. La Constitución reconoce el derecho a manifestar, pero también el deber del Estado de garantizar la movilidad y el acceso a bienes y servicios. Los bloqueos de vías, usados en distintas regiones para exigir soluciones, suelen derivar en órdenes judiciales o administrativas de levantamiento.
Para los usuarios de la vía, el bloqueo de cuatro días representa pérdidas económicas directas. Transportadores de carga, conductores de buses intermunicipales, turistas y residentes de los municipios intermedios quedaron atrapados en una zona sin alternativa eficiente, mientras el suministro eléctrico continuaba sin restablecerse en algunos sectores.
Desde el Gobierno, la respuesta combina dos acciones simultáneas: el restablecimiento del orden en la carretera y la atención técnica de la causa que originó la protesta. La instalación de un nuevo transformador apunta a resolver de fondo la falla, aunque la fuente no precisa plazos ni el punto exacto donde se hará el reemplazo.
Quedan varios frentes abiertos. La comunidad afectada espera que el equipo llegue pronto y que el servicio de energía se normalice, y la vía quede libre de manera definitiva. El Gobierno, por su parte, deberá evaluar si las condiciones que motivaron la protesta, más allá del transformador, requieren inversiones adicionales en la red eléctrica del corredor.
La fuente consultada es La Razón (larazon.co), que reportó tanto la orden presidencial como el anuncio del nuevo transformador.