El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió al paso de las declaraciones del presidente de la República sobre el recorte presupuestal propuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El jefe de la cartera política respaldó la idea y enmarcó la decisión en una crítica más amplia al funcionamiento de varias entidades del Estado.
Según el ministro, en muchas entidades públicas del país hay politiquería y derroche. Con esa frase justificó la necesidad de revisar los gastos de la administración y, en particular, los recursos destinados a la justicia transicional creada tras los acuerdos de paz de 2016 con las FARC.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, nacido del Acuerdo Final firmado entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Su misión es investigar, juzgar y sancionar los delitos graves cometidos durante el conflicto armado, tanto por exintegrantes de las organizaciones armadas como por agentes del Estado.
La propuesta de recorte llega en un momento sensible para la jurisdicción. En los últimos años, la JEP ha avanzado en macrocasos como el de secuestro, el de reclutamiento forzado y el de falsos positivos, y ha emitido varias providencias que han marcado la pauta sobre la responsabilidad de distintos actores del conflicto.
Para los sectores que defienden el acuerdo de paz, los recursos de la JEP son clave para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Cualquier disminución presupuestal, advierten, puede traducirse en demoras en los procesos y en el debilitamiento de la transición.
Desde el Gobierno, el argumento es distinto. Lara insistió en que la prioridad es depurar las nóminas y los contratos en entidades donde, a su juicio, se enquistaron prácticas clientelistas. El mensaje conecta con el anuncio presidencial y le da respaldo político dentro del gabinete.
Por ahora, el Ejecutivo no ha detallado el monto exacto del recorte ni las partidas específicas que se verían afectadas. Tampoco se ha pronunciado la propia JEP sobre la propuesta. Queda por ver si el ajuste se concreta en el Presupuesto General de la Nación que se tramita en el Congreso o si se discute por otra vía.
La discusión apenas empieza. Sectores políticos, organizaciones de víctimas y la propia justicia transicional deberán pronunciarse en las próximas semanas sobre una decisión que toca uno de los puntos más sensibles del proceso de paz colombiano.