El presidente Abelardo De La Espriella prometió al inicio de su mandato recuperar la seguridad en el país “por la razón o por la fuerza”. Esa línea se convirtió en la directriz central de la política de defensa y, según la revista Semana, ya muestra resultados en el terreno. La baja más reciente es la de alias Bendito Menor, un cabecilla que figuraba entre los objetivos prioritarios de la Fuerza Pública.
En una entrevista con Semana, el ministro de Defensa y los altos mandos militares presentaron el balance de las operaciones y el rumbo que tomará la ofensiva. La publicación destaca que la caída de Bendito Menor se suma a una serie de golpes contra estructuras criminales que, según el Gobierno, venían debilitando la seguridad en varias regiones del país.
La estrategia se apoya en operaciones conjuntas entre Ejército, Policía y Fiscalía, con apoyo de inteligencia militar. Las autoridades enmarcan estas acciones dentro de un plan que apunta a desarticular los principales grupos armados organizados y las redes de crimen que afectan a la población civil. La revista señala que entre los próximos objetivos están alias Mordisco y alias Calarcá, dos nombres recurrentes en el panorama de los grupos armados que operan en distintas zonas del país.
Para el Gobierno, la baja de Bendito Menor tiene un valor simbólico y operativo. En lo simbólico, representa el cumplimiento temprano de un compromiso presidencial. En lo operativo, reduce el mando de una estructura criminal y abre la puerta a la captura de sus lugartenientes y a la desarticulación de las redes de financiamiento que sostienen a estos grupos.
La decisión de hablar de manera coordinada entre el ministro y la cúpula militar apunta a enviar un mensaje unificado a las Fuerzas Armadas y a la opinión pública. La apuesta es mostrar que la lucha contra el crimen organizado se ejecuta con una cadena de mando articulada y con objetivos claros, divulgados con transparencia ante los medios de comunicación.
La ofensiva tiene implicaciones directas para los ciudadanos. En las zonas donde operaba Bendito Menor, comunidades enteras han vivido bajo el yugo de extorsiones, reclutamiento forzado y restricciones a la movilidad. Un debilitamiento de estas estructuras suele traducirse, cuando hay acompañamiento institucional, en una reducción de esos delitos y en una mayor presencia del Estado en territorios históricamente abandonados.
No obstante, el modelo “por la razón o por la fuerza” abre interrogantes sobre el alcance de las operaciones. Expertos en seguridad consultados en distintos momentos han señalado que los resultados militares necesitan estar acompañados de inversión social, justicia y presencia estatal integral para ser sostenibles. El Gobierno, por ahora, enfatiza la fase operativa y presenta las bajas como evidencia de que la estrategia avanza.
La entrevista en Semana deja en el aire preguntas sobre el próximo paso. ¿Cómo se sostendrá el ritmo de operaciones sin afectar los derechos humanos? ¿Qué papel jugarán la Fiscalía y la Rama Judicial en el procesamiento de los cabecillas capturados? ¿Llegará la inversión social y en infraestructura a los territorios donde actúan las Fuerzas Armadas? Son preguntas que el Gobierno aún no responde con detalle y que marcarán la evaluación de esta política en los próximos meses.
Por ahora, la caída de alias Bendito Menor y la mención pública de nuevos objetivos como Mordisco y Calarcá dejan una sola certeza: la política de seguridad del Gobierno de De La Espriella entró en su fase más activa y los siguientes resultados se medirán tanto en las próximas bajas como en la vida cotidiana de las comunidades afectadas.