El caso contra el coronel Alfonso Plazas Vega se tramita en el Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, y no contempla pena de cárcel. De acuerdo con Infobae, el proceso podría derivar en una condena patrimonial por la muerte de un magistrado auxiliar ocurrida durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
El episodio conocido como la Toma del Palacio de Justicia ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un grupo de guerrilleros del M-19 retuvo el edificio de la Corte Suprema y el Consejo de Estado en Bogotá. La operación de rescate dejó más de un centenar de muertos, entre funcionarios, visitantes, guerrilleros y militares, y motivó investigaciones posteriores por la suerte de varias personas que desaparecieron en el operativo.
Plazas Vega fue uno de los oficiales a cargo de la operación militar de retoma. Con el paso de los años, distintas investigaciones en Colombia y en el extranjero han examinado las decisiones tomadas durante esas horas, en particular la posible eliminación de personas que salieron vivas del edificio.
Según Infobae, el ahora presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, acted como abogado defensor del coronel en ese proceso en territorio estadounidense. La participación del jefe de Estado en casos anteriores figura en su trayectoria profesional como litigante, antes de llegar a la Presidencia.
El expediente se enmarca en una demanda civil en la que familiares del magistrado auxiliar fallecido buscan una compensación económica. A diferencia de los procesos penales, este tipo de litigios en la jurisdicción estadounidense no buscan privar de la libertad al demandado, sino establecer una responsabilidad civil y un eventual pago de indemnización.
Para los demandantes, mantener el caso en una corte federal de Estados Unidos responde a la imposibilidad, según han alegado, de obtener una respuesta efectiva en la jurisdicción colombiana. Familiares de víctimas de la Toma del Palacio de Justicia han promovido acciones internacionales durante décadas, ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 001 sobre la Toma del Palacio de Justicia, en el que ha tomado versiones de exmilitares y exguerrilleros. El tribunal busca establecer responsabilidades por las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales reportadas durante la retoma.
El proceso en Florida agrega un frente adicional a las investigaciones que pesan sobre los hechos. Aunque no comporte prisión, una condena patrimonial en ese tribunal podría sentar un precedente sobre la responsabilidad del Estado y de sus agentes en operaciones de esa magnitud.
Por ahora, no se conoce una fecha para el fallo. El seguimiento del caso queda sujeto a las decisiones del juez del Distrito Sur de la Florida, mientras en Colombia la JEP continúa con su propia línea de investigación sobre los mismos hechos.