El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, confirmó un segundo bombardeo en zona rural del departamento del Guaviare, en el sur del país. El saldo reportado es de ocho guerrilleros muertos, según información divulgada por el propio mandatario y recogida por Diario Las Américas.
Con esta acción el gobierno nacional pasa a la ofensiva en una de las regiones históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. Guaviare ha sido durante décadas uno de los epicentros del conflicto armado colombiano, con presencia de estructuras guerrilleras y disidencias que se mueven entre la selva y los ríos que atraviesan el departamento.
De acuerdo con la fuente, es la segunda operación aérea de este tipo ordenada por De la Espriella desde el inicio de su mandato. El primer bombardeo se había producido en un contexto operativo similar, dentro de la misma estrategia de presión militar sobre los grupos al margen de la ley que operan en la región.
El Guaviare limita con los departamentos del Meta, Vaupés y Guainía, y forma parte del corredor de movilidad que conecta el centro con el suroriente del país. Su geografía selvática ha dificultado históricamente el control territorial del Estado y ha facilitado la instalación de campamentos y rutas de movilidad para los grupos armados.
La Fuerza Aérea Colombiana es la encargada de ejecutar este tipo de bombardeos de precisión, que suelen coordinarse con inteligencia militar y con operaciones terrestres posteriores. El reporte oficial no detalla, por el momento, la identificación de los combatientes ni la estructura a la que pertenecerían.
Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Abelardo De la Espriella ha planteado como eje central de su política de seguridad el debilitamiento de los grupos armados a través de operativos militares sostenidos. La decisión de escalar las acciones aéreas en Guaviare se inscribe en esa línea.
La zona del Guaviare concentra población civil dedicada a la agricultura, la ganadería y actividades extractivas legales, además de comunidades étnicas y campesinas que han sido históricamente las más afectadas por la disputa armada. Las operaciones militares en la región generan presión sobre esas comunidades y, en algunos casos, desplazamientos forzados.
Organizaciones de derechos humanos suelen pedir que este tipo de operativos se realicen con apego al Derecho Internacional Humanitario, verificando que no haya presencia de civiles en las zonas atacadas. Hasta el momento no se han reportado víctimas civiles en este segundo bombardeo.
El gobierno aún no ha precisado si habrá operativos terrestres complementarios ni si la ofensiva en Guaviare se extenderá a otras zonas del sur del país donde también se reporta presencia de grupos armados. La confirmación del propio presidente deja abierta la continuidad de la estrategia de presión militar en el territorio.